24 horas y 30 minutos es una eternidad cuando lo que está en juego es una vida humana. Si cualquier agente del Ministerio Público, policía preventivo o policía de investigación, local o federal, recibe la noticia de que hay una persona con la que se ha perdido el contacto —llamémosle desaparecida, ausente, extraviada o ilocalizada, lo mismo da— y se le proporciona el domicilio donde probablemente se encuentre, tiene el deber de acudir inmediatamente, sin dilación alguna, acompañado de otros agentes policiacos, a ese sitio. Cada minuto transcurrido aumenta el riesgo de un mal desenlace.
Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, una joven de 21 años que vivía en Iztapalapa, salió de su casa el pasado 15 de abril rumbo a la Torre Murano, un edificio ubicado en avenida Revolución, para una entrevista de trabajo en una agencia de modelos. Antes de entrar al inmueble envió su ubicación a una prima. Fue su última comunicación. Al llegar la noche, sus familiares ya no sabían de ella. A la una de la madrugada del 16 de abril presentaron la denuncia por desaparición de la joven, en la que indicaban dónde podría encontrarse.
En ese momento el personal de la Fiscalía General de Justicia que conoció de la denuncia no hizo nada. Bueno, no, sí hizo algo: intentó extorsionar a los denunciantes. Si accedían a pagar un soborno, la búsqueda se “agilizaría”. La cartera y el celular o la vida, dice el asaltante callejero al asaltado. El pago de piso o la vida, dice el sicario del crimen organizado al comerciante extorsionado. El dinero o la inacción ministerial, dice el personal de la Fiscalía al denunciante, pues en México la justicia, gratuita según la Constitución, tiene precio. No la vocación por procurar justicia y servir con diligencia y profesionalismo a las víctimas, sino la bajeza extrema de lucrar con la insoportable angustia de quienes quieren salvar a un ser querido del peligro en que pudiera encontrarse.
Si los familiares rechazaban la extorsión, tendrían que esperar la eternidad de 72 horas —tres días de ansiedad, desasosiego y tormento anímico— para que empezara la búsqueda, pues la chica “podía haberse ido con el novio o con unas amigas”. Tan estúpida excusa es la coartada para la extorsión. La excusa es estúpida porque si la muchacha estuviera con el novio o con unas amigas, su busca descubriría su ubicación y todos contentos: una persona desaparecida menos. Eso no puede ser una justificación para la postergación de la actuación policial.
La familia hizo la pesquisa a la que se negó el Ministerio Público. Con el apoyo de un investigador privado, consiguió el metraje donde se ve entrar a Edith Guadalupe a la Torre Murano, de la que ya no salió. Al anochecer, los familiares bloquearon la avenida Eje 6 Sur para protestar por la inactividad de la Fiscalía. No fue sino hasta la 1:30 de la madrugada del 17 de abril que agentes de la policía de investigación entraron a la Torre. Demasiado tarde. Habían transcurrido 24 horas y 30 minutos desde que la denuncia fue presentada. Se encontró a Guadalupe Edith ya muerta, en una bolsa, debajo de un montículo de arena, en el sótano del edificio.
No basta con que los servidores públicos extorsionadores y negligentes sean sometidos a procedimientos administrativos, ni siquiera es suficiente con que se les abra un procedimiento penal. Lo más importante y urgente es que se establezca un mecanismo para que cualquier denunciante que no sea debidamente atendido pueda comunicarse de inmediato con la fiscal general o algún colaborador cercano para hacerle saber la anomalía a fin de que ésta sea enmendada.
¿Qué sentiría usted, lectora, lector, si acudiese al Ministerio Público enloquecida o enloquecido de aflicción a denunciar la desaparición de un ser querido, y el agente o el policía ministerial, a pesar de que se le proporcionase el dato de la posible ubicación del desaparecido, le dijera que tiene que esperar 72 horas para que se inicie el rastreo a menos de que se le entregue una determinada cantidad para “apresurar” la búsqueda?
Nuestros ministerios públicos, el federal y los de las entidades federativas, parecen diseñados por el demiurgo que, según los gnósticos de los primeros siglos del cristianismo, había creado al mundo intencionalmente defectuoso. Eso es muy triste porque la función que el órgano de la acusación desempeña es de enorme relevancia: perseguir los delitos —las conductas antisociales más dañinas— con eficacia, evitando, cuando es posible, que el desenlace de una acción delictuosa sea letal.