Tendemos, casi por reflejo, a culpar al gobierno, a las instituciones y a los cuerpos de seguridad de gran parte de lo que ocurre a nuestro alrededor en cuestiones de inseguridad. Es una reacción comprensible: el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el orden en el entorno. Sin embargo, esa explicación, aunque cómoda, es incompleta. Pocas veces miramos hacia otro lado igual de determinante: la educación que se forma fuera de las aulas, en el seno familiar, en la comunidad y en la convivencia cotidiana.
La violencia no nace de la nada ni aparece de forma espontánea. Se cultiva, se aprende y se normaliza. Cuando en una sociedad se vuelve común responder con gritos, insultos o agresiones físicas; cuando el respeto deja de ser un valor central y se convierte en una opción; cuando la frustración se expresa sin límites ni consecuencias; en todas esas situaciones, el terreno queda listo para que broten formas más graves de violencia. Es ahí donde el tejido social comienza a desgarrarse.
Hoy, la naturalización de la ira, de los ataques, de los abusos e incluso de los asesinatos, ha hecho que los sucesos ya no sorprendan como antes, pues la violencia se ha vuelto parte del paisaje cotidiano. Eso es, quizá, lo más alarmante: no sólo lo que ocurre, sino lo que dejamos de cuestionar.
Lo ocurrido recientemente en Teotihuacan, donde se reportó un episodio armado que generó pánico entre los presentes en uno de los sitios más emblemáticos del país, no puede considerarse un hecho menor. México no ha sido tradicionalmente un país marcado por tiroteos indiscriminados en espacios públicos como ocurre en otras naciones, pero ignorar que episodios como el ocurrido podrían ser signos de transformación sería un error, pues la violencia evoluciona, cambia de forma y se desplaza.
Ahora bien, la discusión no puede limitarse a exigir más policías o leyes más severas, aunque ambas cosas tengan su lugar. El problema es mucho más profundo. Una sociedad que ha perdido referentes básicos de convivencia, difícilmente podrá sostenerse sólo con medidas punitivas. Cuando el respeto no se enseña, cuando la empatía no se practica y cuando los límites no se establecen desde la infancia, el Estado llega tarde: actúa sobre las consecuencias, no sobre las causas.
Vale la pena mencionar a Japón como ejemplo. Sin idealizar, en la cultura japonesa existe una fuerte orientación hacia lo colectivo, donde evitar incomodar a otros y mantener la armonía social son principios centrales. La vergüenza social, más que el castigo legal, funciona como un mecanismo de control poderoso y muchas conductas se regulan no por miedo a la ley, sino por la desaprobación del entorno. El respeto por las normas no se presenta únicamente como una obligación, sino como una forma de convivencia necesaria para el bienestar colectivo.
Y es que el tejido social es la base de cualquier país. Sin él, no hay economía que prospere ni estabilidad que perdure. Una nación con relaciones sociales fracturadas es, en esencia, una nación debilitada. Por eso, reconstruir ese tejido no es un asunto secundario: debe ser prioridad.
México necesita una conversación seria sobre ello. No basta con endurecer leyes si la base social continúa debilitándose. El respeto no puede depender únicamente de la buena voluntad, debe estar respaldado por reglas claras y por la certeza de que su violación tiene efectos.
La violencia que vemos hoy no es sólo un problema de seguridad pública, es el reflejo de una crisis más profunda y, si queremos enfrentarla de raíz, debemos dejar de buscar culpables únicamente en las instituciones y empezar a asumir responsabilidades como sociedad. Al final, la violencia que nos rodea no es ajena, es un reflejo de lo que hemos permitido construir (o dejar de construir) entre todos.