Justicia climática: México contra las cuerdas

Por Ricardo Peraza

Cuando un grupo de estudiantes de Fiyi decidió en 2019 pedir a la Corte Internacional de Justicia que explicara las obligaciones de los Estados frente al cambio climático, pocos imaginaban el tsunami jurídico que se avecinaba. La solicitud —impulsada luego por Vanuatu y otras naciones insulares— llegó hasta la Asamblea General de la ONU, y el 24 de julio de 2025 la CIJ pronunció la opinión consultiva más ambiciosa de su historia. El fallo sostiene que no proteger el clima puede constituir un “acto internacionalmente ilícito” y que el deber de los Estados de reducir emisiones es una obligación legal, no una aspiración política.

Para una nación como México, que se debate entre la defensa de su soberanía energética y la urgencia climática, este dictamen no es un simple ejercicio académico. Es una advertencia y una oportunidad.

La CIJ no sólo reafirmó el acuerdo de limitar el calentamiento a 1.5 °C como la meta vinculante, sino que subrayó que todos los países, incluso aquellos que no son parte del Acuerdo de París, deben proteger el clima en virtud del derecho internacional y de los derechos humanos. La Corte envió un mensaje de solidaridad: no se trata de buscar culpables, sino de reconocer que “todos los gobiernos tienen una responsabilidad compartida” y que la crisis climática requiere “voluntad y sabiduría humanas” para cambiar nuestra forma de vida.

México, que ha ratificado el Acuerdo de París, también tiene compromisos derivados de otros tratados y del derecho consuetudinario; no puede escudarse en formalismos para evadir sus obligaciones. La opinión consultiva sostiene que la cooperación incluye financiamiento, transferencia de tecnología y construcción de capacidades, un recordatorio de que los países con mayores emisiones históricas deben apoyar a aquellos más vulnerables. Pero la CIJ también insiste en que todos deben hacer su “máximo esfuerzo” y que ningún compromiso puede limitarse a políticas simbólicas: deben ser ambiciosas, transparentes y representar una progresión respecto de las anteriores.

El gobierno mexicano ha actualizado sus contribuciones determinadas a nivel nacional, pero organizaciones ambientalistas y académicos han criticado su falta de ambición y la reciente apuesta por los combustibles fósiles. La CIJ advierte que no basta con presentar un plan; es necesario que éste sea capaz de mantener la trayectoria global hacia los 1.5 °C y que refleje la mayor ambición posible. Además, señala que los Estados deben justificar por qué sus metas son “justas y ambiciosas” en función de su responsabilidad histórica y sus capacidades.

México es el duodécimo emisor mundial, pero también uno de los países más vulnerables a sequías, huracanes y olas de calor. La noción de “responsabilidades comunes, pero diferenciadas” implica que, aunque nuestro país no sea un gran emisor histórico, debe elevar su nivel de ambición y adaptarse a la realidad de un clima cambiante. Las inversiones en nuevas refinerías o en exploración de gas podrían, a la luz de la opinión de la CIJ, considerarse un acto ilícito si contravienen la obligación de reducir emisiones.

El dictamen de la CIJ ya está siendo utilizado en tribunales. Abogados lo están citando para reforzar demandas contra gobiernos y empresas. En Irlanda, defensores de un parque eólico entregaron copias de la opinión a la Corte Suprema para argumentar que las obligaciones climáticas deben primar sobre consideraciones paisajísticas. En Estados Unidos, expertos señalan que el dictamen servirá de trampolín para demandas que exigen responsabilidad a los grandes contaminadores y que apoyar la expansión de combustibles fósiles puede constituir un acto ilícito.

En México, los litigios climáticos son incipientes, pero crecientes. El caso de jóvenes contra la refinería en Dos Bocas, demandas por contaminación industrial y litigios contra la CFE por proyectos termoeléctricos podrían encontrar nuevas bases legales en la opinión de la CIJ. La posibilidad de reclamar reparaciones por daños climáticos o la exigencia de que las políticas públicas reflejen el máximo esfuerzo abre una ventana para que comunidades indígenas, pescadores o agricultores exijan al Estado y a las empresas mayor responsabilidad.

Aunque la opinión de la CIJ no es vinculante, su peso moral y jurídico es enorme. La CIJ convirtió la crisis climática de un problema ético a una obligación legal. Para México, esto supone ajustar su política energética, revisar sus planes nacionales y, sobre todo, entender que la justicia climática es una exigencia de derechos humanos.

La historia que comenzó en un aula universitaria del Pacífico nos recuerda que las grandes transformaciones no nacen siempre de los centros de poder, sino de la perseverancia de los más vulnerables. Este fallo “no pertenece a las islas del Pacífico, sino al mundo”. México no puede mantenerse al margen. La hora de actuar es ahora, no porque nos lo imponga un tribunal, sino porque la justicia climática es la única forma de garantizar un futuro digno.