Fortalezas y debilidades para las elecciones

Por Jaime Rivera Velázquez*

Aunque no en condiciones óptimas, la organización de las elecciones federales, concurrentes con elecciones locales en todas las entidades federativas, siguen marchando y se vislumbra que culminarán bien. Es decir, bien desde el punto de vista de su organización: los listados nominales de electores están listos, con amplísima cobertura, revisados y validados; se instalarán más de 170 mil casillas de votación, operadas por ciudadanos (mayoritariamente mujeres) seleccionados a partir de un sorteo y debidamente capacitados; esas casillas se ubicarán en sitios cercanos a los domicilios de los electores, serán accesibles y estarán bien equipadas; los sufragios se emitirán en secreto, en general en libertad, y serán bien contados uno por uno; los resultados preliminares de votación se publicarán pocas horas después del cierre de las casillas y la ciudadanía podrá conocer, con razonable confianza, quiénes ganaron y con qué tanto margen de victoria; después de los cómputos oficiales y la calificación de las elecciones, se conocerá con precisión y certeza legal la distribución de todos los cargos en disputa.

Esta fortaleza organizativa y operativa de las elecciones por parte del INE (y de los organismos electorales locales), refrendada a lo largo de más de 30 años, se sostiene en sólidos pilares institucionales: la autonomía de la autoridad electoral, que le permite tomar decisiones con independencia de los intereses de los partidos y de los gobiernos; un servicio profesional de carrera, que garantiza que el cuerpo de funcionarios electorales posean la calificación técnica necesaria, sean imparciales y actúen con disciplina en el cumplimiento de sus deberes; órganos de dirección colegiados, sujetos a la vigilancia de partidos y del público, y cuyas decisiones son revisables por el TEPJF.

Además de la rivalidad natural entre partidos propia de toda contienda por el poder, México vive hoy un ambiente político enrarecido, polarizado que nunca y asediado por factores que siembran incertidumbre, desconfianza exacerbada, incluso miedo. Todo esto afecta el trabajo del INE y le plantean retos, internos y externos, más complicados que en el pasado.

Entre los factores externos se encuentra, en primer lugar, la inseguridad pública que asuela a gran parte del país. Las campañas y sus candidaturas requieren de medidas especiales de protección, cuya eficacia no puede garantizarse. La movilización de activistas y simpatizantes, y el contacto directo con grupos y multitudes, enfrentan dificultades y riesgos inusuales. Hay también temores fundados de que, en varias zonas y muchos sitios específicos, la jornada de votación esté expuesta a acoso, coacción y hasta violencia. Lo más grave de todo es la estadística macabra de asesinatos de candidatos y actores políticos. Obviamente, el INE no puede hacer mucho contra la violencia. Esa es tarea y obligación de las agencias de seguridad de los gobiernos. Pero se adoptó un mecanismo de coordinación entre gobierno federal e INE para proteger a candidatos, y esperamos que también se brinde seguridad a la jornada electoral.

Otro factor es la intervención de gobernantes en la contienda electoral, a pesar de la prohibición expresa de la Constitución y la ley. Muchas denuncias de uso de recursos públicos para inducir o presionar el voto no carecen de sustento. Es todavía más ostensible la intromisión del Presidente de la República en la competencia, elogiando a los suyos y atacando a los opositores. Ante esto, el INE ha dictado muchas medidas cautelares y el TEPJF ha emitido numerosas reconvenciones, pero la intromisión continúa.

El ambiente de polarización política ha inyectado mucho encono en las campañas. Hace falta más responsabilidad y autocontención de los actores políticos. De otra forma, los resultados de las elecciones podrían ser desconocidos por quienes pierdan y conducir a conflictos peligrosos.

Hay que reconocer que en la esfera interna del INE también hay problemas. El relevo de su presidencia y tres consejerías, que en sí mismo es un mecanismo predecible y normal, ha producido desavenencias en el consejo y dificultades para construir acuerdos indispensables para nombrar titulares de las áreas ejecutivas. Las designaciones provisionales y sin consenso no son convenientes en medio de un proceso electoral, menos aun cuando se observan en algunos de los encargados de despacho inexperiencia y falta de destreza. Hemos de confiar en que el profesionalismo de la gran mayoría de los funcionarios del INE pueda suplir con éxito esas debilidades.

Así, a tres semanas de la jornada electoral puede verse a un INE fuerte y eficiente, que va a cumplir su misión aun en medio de nubarrones (y esperemos que no de más apagones eléctricos).

*Consejero del INE.