Europa debe sentar a la mesa a las generaciones futuras
Por: Béla Kuslits*Katalin Sulyok**BRUSELAS/BUDAPEST. La campaña por un segundo mandato de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluyó la promesa de nombrar un nuevo comisionado “cuyas responsabilidades incluirán garantizar la justicia ...
Por:
Béla Kuslits*
Katalin Sulyok**
BRUSELAS/BUDAPEST.— La campaña por un segundo mandato de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluyó la promesa de nombrar un nuevo comisionado “cuyas responsabilidades incluirán garantizar la justicia intergeneracional”. Su anuncio refleja una conciencia cada vez mayor de la necesidad de considerar los efectos de largo plazo de las políticas de la UE.
Así, el nuevo comisionado para la Justicia Intergeneracional debe contar con las herramientas correctas y un mandato claro, y al colaborar estrechamente con otros comisionados podría tener una influencia considerable en toda la legislación de la UE. Para fomentar un abordaje integral se deben incorporar consideraciones de largo plazo en las discusiones de todos los días.
Para empezar, los derechos de las generaciones futuras deben definirse legalmente y ser ejecutables. En particular, los conceptos de “solidaridad entre generaciones” y “desarrollo sustentable” ya están consagrados en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea y están reflejados en el principio precautorio que forma la base de la legislación de la UE.
Sin embargo, para garantizar una implementación efectiva, los responsables de las políticas deben definir los derechos que requieren protección, lo que implica declarar que la carga de mitigar las amenazas importantes como el cambio climático, o de adaptarse a ellas, no se les debe endilgar a las generaciones futuras. Las políticas de los Estados miembro deberían guiarse por la “importancia de compartir la carga intergeneracional” y proteger “a los miembros de la sociedad que se verán más afectados” por estos desafíos, incluso si están “en una clara desventaja representativa”. Esto es especialmente válido en áreas como la política climática, la conservación de la naturaleza, las tecnologías emergentes y la preparación pandémica.
Asimismo, es crucial distinguir entre “generaciones futuras” y los niños y jóvenes de hoy. Si bien sus intereses se superponen, estos grupos son marcadamente diferentes y no debería mezclárselos. Las políticas destinadas a las generaciones futuras no se ocupan necesariamente de cuestiones como la educación o el mercado laboral, por el contrario, apuntan a introducir una perspectiva de largo plazo en el proceso legislativo.
La previsión debe convertirse en un componente esencial de la legislación de la UE. Cualquier propuesta debería ser sometida a una evaluación de impacto rigurosa para garantizar que esté alineada con las prioridades de largo plazo, que pueda alcanzar sus objetivos manifiestos y que aborde las cuestiones que intenta resolver de manera efectiva.
Por último, deberían incorporarse las perspectivas de los ciudadanos comunes en las discusiones estratégicas. Al crear foros públicos que se basen en iniciativas como la Conferencia sobre el Futuro de Europa y Paneles Europeos de Ciudadanos de la Comisión Europea, los responsables de las políticas podrían mantener la viabilidad de los compromisos de largo plazo y garantizar que los intereses de las generaciones futuras jueguen un papel central en cómo Europa aborda los principales problemas sociales.
La designación de un comisionado para la Justicia Intergeneracional tiene el potencial de transformar el diseño de políticas europeo. Nuestras propuestas pueden ayudar a garantizar que las decisiones de hoy no comprometan el bienestar de quienes todavía no han nacido. Pero para que esta nueva autoridad cumpla su mandato, es necesario que convoque a organizaciones de la sociedad civil, académicos y ciudadanos, que hagan aportes y exijan una rendición de cuentas de sus autoridades.
Con respaldo y recursos adecuados, el comisionado para la Justicia Intergeneracional de la UE podría sentar un precedente de cómo las instituciones democráticas pueden representar mejor los intereses de largo plazo de la sociedad. En medio de desafíos globales sin precedentes, desde el cambio climático hasta la alteración tecnológica, este tipo de gobernanza innovadora no sólo es deseable; resulta esencial.
*Oficial sénior de Ecología en el Centro Social Jesuita de Europa
**Profesora adjunta de Derecho Ambiental Internacional y Derecho Climático en la Universidad Eötvös Lorand
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