El problema estructural de la corrupción

Azul Etcheverry
Analista

Hace unos días se publicó una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción, en la que se dio a conocer que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), asignó 89 millones de pesos para la remodelación de un estadio de beisbol en Palenque, Chiapas en el que juega el equipo del hermano del presidente Pío López Obrador, quien hace apenas unos meses estuviera inmiscuido también en un video escándalo en el que recibía dinero a nombre de Morena, previo a la llegada de su hermano Andrés Manuel a la Presidencia. Sin embargo, esta remodelación no es la única que se está llevando en la zona, la misma Sedatu asignó otra inversión de 112 millones de pesos para la renovación urbana colindante a la finca propiedad de la familia López Obrador.

Desafortunadamente, hemos visto que la corrupción (en todas sus variantes) en México se trata de un problema estructural del que no se libra tampoco esta cuarta transformación, la cual precisamente abanderó la lucha contra este mal como uno de sus objetivos rectores. Desde los inicios del mandato del presidente López Obrador, no han sido pocas las acusaciones en contra de sus funcionarios e instituciones.

Hemos visto cómo los denominados superdelegados, garantes del poder federal en las entidades, consistentemente son señalados por temas relacionados con la corrupción, como el caso de Carlos Lomelí, en Jalisco, a quien, durante el inicio de la crisis de medicamentos, se le demostró estar involucrado en empresas de distribución de medicamentos con contratos gubernamentales, generando así un evidente conflicto de interés. En sí, suman 18 los superdelegados que enfrentan denuncias por irregularidades, como el desvío de recursos, abuso de autoridad, nepotismo y ejercicio indebido del servicio público.

Otros ejemplos que hemos visto en poco más de dos años de corrupción fueron la exoneración de Manuel Bartlett, titular de la CFE, tras las acusaciones de posesión de bienes y empresas no declaradas siendo funcionario público. También, el caso de la señora Felipa Obrador, prima del Presidente de México, a quien se le asignaron contratos por más de 365 millones de pesos y, apenas esta semana, la exoneración del general Cienfuegos, sobre quien la Fiscalía General de la República decidiera no ejercer acción penal alguna, a pesar de las investigaciones iniciadas por el gobierno de los Estados Unidos en su contra.

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En ese sentido, es importante destacar que todos estos y otros muchos casos de corrupción de esta administración se han dado a conocer a través de medios y organismos autónomos a los cuales el Presidente se ha dedicado a descalificar sistemáticamente. Más allá de atacarles, la actual administración debe trabajar muchísimo en habilitar los mecanismos de transparencia como un requisito inalienable en contra de la corrupción.

El Inai, al cual se le pretende desaparecer, ha generado un precedente en lo que respecta a investigaciones de política pública que se pudieron realizar gracias a este mecanismo de acceso a la información. Más allá de lo que representa tener instituciones y funcionarios más honestos en la vida política nacional, no se está apreciando el valor jurídico ni académico en el estudio de la política y administración pública a nivel nacional e internacional.

Gracias al esfuerzo de la sociedad civil, estos organismos autónomos que hoy corren peligro han conseguido que la ciudadanía inicie a reconocer las posibilidades y virtudes que representan estas herramientas institucionales para hacer valer sus derechos constitucionales, en virtud de la justa formulación de funcionarios y dependencias menos corruptas y más transparentes.