El Poder Judicial en la encrucijada (2da parte)

Por Ana Lilia Rivera Rivera*

Una reforma profunda al Poder Judicial no debe ser vista como una “distorsión” de la relación entre los Poderes de la Unión, puesto que nuestra Constitución es muy clara en que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo y todo poder público dimana y se instituye para beneficio de éste. El poder del Estado es uno y para su ejercicio se distribuye en funciones: legislativa, ejecutiva y judicial. La función judicial es fundamental para el control constitucional y para el equilibrio y armonización entre los Poderes de la Unión, pero no es un poder aparte. La distorsión, más bien, es aquella que consiste en que la función judicial se separe del soberano que es el pueblo y se instituya para beneficio de un grupo oligárquico y muchas veces criminal.

Las reformas impulsadas durante la presente Legislatura pretenden garantizar la justicia constitucional, es decir, a establecer como norma jurídica no sólo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos sociales, por ejemplo, mediante la inclusión de los programas sociales en nuestra Constitución. Eso es lo que los jueces y magistrados tienen que defender, no los privilegios propios y los de la oligarquía. “Jueces para la democracia”, los denomina el especialista en derecho y teorías de la justicia Rodolfo Vázquez.

Más allá del origen social o la trayectoria profesional de los magistrados de la Corte, lo importante es que sean mujeres y hombres comprometidos con la justicia y con la defensa del pacto político fundamental que se expresa en la Constitución. La SCJN no puede seguir siendo una Torre de Marfil cerrada a las exigencias democratizadoras ni un baluarte de la reacción al servicio de los grupos privilegiados del antiguo régimen autoritario y oligárquico. Los tiempos nuevos que corren exigen de todos los servidores públicos una coherencia ética y una sensibilidad política hacia los anhelos de justicia y democracia de la mayoría de los mexicanos.

La Constitución de 1857 establecía la elección popular como procedimiento para nombrar a los ministros de la SCJN. Cuando Benito Juárez, siendo presidente de la SCJN y en defensa de la legalidad y de la Constitución de 1857, asumió la titularidad del Poder Ejecutivo para enfrentar la reacción conservadora al inicio de la Guerra de Reforma, lo hizo con la convicción de que la viabilidad y el futuro de la nación estaban en riesgo y dependían de la determinación, la valentía y la unidad del Partido Liberal en torno a la Carta Magna. Fue gracias a esa convicción juarista y liberal que las Leyes de Reforma sentaron las bases de la nación moderna que somos, la misma que hoy necesitamos las fuerzas progresistas para continuar con las reformas pendientes en el sentido de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y el acceso universal a la justicia, y así consolidar para las futuras generaciones la vida democrática y con bienestar.

*Presidenta del Senado.