El nuevo Poder Judicial: entre la reforma y la tentación política

Por Mariano Calderón Vega

El próximo 1 de septiembre comenzará a operar un Poder Judicial distinto al que hemos conocido en las últimas décadas. No se trata de un ajuste menor ni de una reingeniería parcial: estamos frente a una transformación que, aunque presentada como un avance para la justicia, plantea riesgos claros de debilitamiento de su independencia y de mayor influencia política en sus decisiones.

En el plano federal, la desaparición de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es quizá el cambio más evidente. Durante años, estas salas permitieron una resolución ágil y especializada: la Primera se enfocaba en asuntos civiles y penales, la Segunda en casos administrativos, laborales y fiscales. Con la reforma, todos los casos pasarán al pleno de 11 ministros. Esta concentración no sólo elimina la especialización, sino que abre la puerta a una gestión más lenta y a que el pleno deba resolver asuntos que antes no tenían ese nivel de exposición política.

La desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial suman otro elemento sensible. Este nuevo tribunal tendrá facultades para investigar y sancionar a jueces y magistrados, incluidos ministros. Si actúa con imparcialidad, podría fortalecer la rendición de cuentas; si no, podría convertirse en un instrumento para presionar a quienes se aparten de la línea política dominante.

Pero el cambio que más preocupa desde una óptica política es el nuevo mecanismo de designación de jueces y magistrados. La mitad seguirá siendo de carrera; la otra mitad proviene de la elección del 1 de junio pasado, resultado de propuestas elaboradas por el Legislativo y el Ejecutivo, y ratificadas por el Congreso. Esto significa que un porcentaje considerable de los juzgadores que entrarán en funciones a partir de septiembre deberá su puesto a un proceso profundamente político, lo que inevitablemente plantea dudas sobre su independencia real.

En un sistema judicial sano, la prioridad en la asignación de casos debería ser su complejidad jurídica y su impacto en la sociedad. Sin embargo, existe un temor fundado de que, en el nuevo esquema, los asuntos de interés para el Ejecutivo o Legislativo reciban trato preferente, ya sea para resolverse con rapidez o para posponerse estratégicamente. La presión por cumplir plazos en casos penales y fiscales, sumada a la curva de aprendizaje de los nuevos jueces, puede traducirse en resoluciones apresuradas, no necesariamente por criterios técnicos, sino por conveniencias políticas.

La coexistencia de jueces de carrera y jueces electos también generará dinámicas internas complejas. No es lo mismo haber llegado a un cargo tras años de trayectoria y exámenes de oposición que hacerlo por un proceso de votación en el que pesan las alianzas y simpatías políticas. El reto será que ambos grupos actúen con apego irrestricto a la Constitución, más allá de quién los haya designado.

El Tribunal de Disciplina Judicial jugará un papel crucial. Puede ser un garante de imparcialidad o un mecanismo de control político. La historia judicial de otros países muestra que órganos con ese poder pueden volverse herramientas de castigo contra jueces incómodos para el poder en turno.

Más allá del rediseño institucional, esta reforma exige reconocer que la independencia judicial no se protege únicamente con normas; se defiende en la práctica diaria. La imparcialidad se mide en cada resolución, en la forma en que se priorizan los asuntos y en la capacidad de los jueces para resistir presiones externas.

Finalmente, este cambio no es un ejercicio académico aislado. Es una redefinición del equilibrio entre poderes. Un Poder Judicial que actúe con independencia es esencial para la democracia; uno que se subordine a los intereses políticos erosiona la confianza ciudadana y debilita el Estado de derecho.

El 1 de septiembre no sólo marcará el inicio de una nueva etapa institucional. Será la primera prueba para saber si esta reforma servirá para fortalecer la justicia en México o si, por el contrario, consolidará la tentación política de influir en sus decisiones.