Desafíos a las elecciones de 2024
La ley y las autoridades fueron ignoradas
Por Jaime Rivera Velázquez
Las elecciones de 2024 serán las más grandes de la historia de México por el tamaño del padrón electoral, el número de cargos a elegir (más de 20 mil) y la concurrencia de elecciones federales y locales en las 32 entidades federativas.
Ése es el primer gran reto que las autoridades electorales tienen que enfrentar, pero la solidez del Sistema Nacional Electoral –el INE y los 32 OPL– asegura una organización de los comicios eficaz, limpia y transparente. Sin embargo, estas contiendas múltiples y simultáneas enfrentan otros desafíos que son también los más grandes y complejos de la historia electoral. Examinemos algunos de ellos.
Durante más de dos años, el INE estuvo bajo el fuego de las críticas y diatribas por parte del gobierno y su partido. Esa ofensiva llegó a su clímax con un intento de reforma que prácticamente inhabilitaba al INE para organizar eficazmente las elecciones. El organismo autónomo resistió y se salvó por decisión de la Suprema Corte de Justicia, pero también gracias al apoyo de cientos de miles de ciudadanos que se manifestaron en su defensa. Sin embargo, es innegable que los ataques hallaron eco en otra parte de la ciudadanía y que ello podría vulnerar a la autoridad electoral ante eventuales crisis políticas. Hoy, el INE tiene el deber de blindar su confiabilidad con una conducción eficaz e impecablemente legal e imparcial de los comicios.
Un reto particularmente difícil de sortear por las autoridades electorales es la propensión de actores políticos a violar la ley. Partidos de todos los colores y servidores públicos de distintos niveles esquivan reiteradamente las reglas del juego y provocan inequidad en la competencia. El ejemplo más ostensible y potencialmente dañino para la integridad de las elecciones han sido las campañas adelantadas, fuera de los plazos y modos establecidos en la ley. Puede discutirse si esas acciones colman o no la formalidad de actos anticipados de campaña, pero su realidad material es inocultable. Por la vía de los hechos, la ley y las autoridades fueron ignoradas y rebasadas. Ante hechos consumados, el Tribunal Electoral y el INE han regulado a medias esas campañas proselitistas, pero la carrera por burlar las reglas sigue a la vista de cualquiera que salga a las calles. El efecto de demostración puede ser devastador para la democracia: la ley se puede violar sin consecuencias.
Un desafío aún más grande a las instituciones democráticas es el activismo presidencial en las elecciones. A pesar de la prohibición expresa de la Constitución y las leyes, y pese a las reiteradas llamadas de atención por parte del INE y el Tribunal Electoral, el Presidente de la República no ha cesado de intervenir abiertamente en la contienda, sea promoviendo a su partido, atacando implacablemente a los opositores o burlándose de las autoridades electorales. El desprecio y la mofa por parte del Ejecutivo de que son objeto algunas medidas dictadas por el INE y el Tribunal, que a sus seguidores más fieles pueden parecerles recursos ingeniosos y divertidos, configuran en realidad un pésimo ejemplo público que debilita aún más al todavía incipiente Estado de derecho.
La experiencia reciente está demostrando que las facultades expresas de la autoridad electoral pueden no bastar para detener algunas violaciones a la ley por parte de partidos y gobiernos. Pero hay atribuciones del INE claramente establecidas en la ley y en reglamentos válidos que, aplicados con imparcialidad y firmeza, pueden hacer la diferencia entre una contienda equitativa y una ilegal e injusta. Una de ellas es la fiscalización, función que consiste en conocer y dictaminar la licitud del origen, el monto, el destino y el uso de los recursos que manejan los partidos y sus candidatos. Ésa es una función técnica de dimensiones colosales, porque exige registrar, analizar y calificar muchos miles de informes de precampaña y campaña en pocos días. El INE ha creado un poderoso sistema informático para tal efecto y un enorme cuerpo de funcionarios especializados en la materia. Pero el bien más escaso para cumplir la fiscalización es el tiempo. Esta semana, para acatar una sentencia del Tribunal de modificar el calendario de precampañas, una exigua mayoría del Consejo General del INE, con sus votos, consideró que era preferible sacrificar el tiempo previsto en la ley para una fiscalización eficaz, a disminuir en siete días las precampañas de 60 días contemplados en la ley como máximo.
Creo que el desafío más peligroso que se cierne sobre las próximas elecciones es el crimen organizado. Pero ése es un problema que escapa a las atribuciones del INE y reside más bien en la responsabilidad de los órganos de seguridad y justicia del Estado.