Cuando los aranceles se disfrazan de política industrial

Por Ricardo Peraza

Analista

El Paquete Económico ha traído consigo la propuesta de elevar los aranceles a importaciones provenientes de países con los que México no tiene tratados de libre comercio. Aunque se presenta como una medida de protección a la industria nacional, en realidad refleja la búsqueda de ingresos inmediatos en un contexto fiscal complicado. Los aranceles se convierten en una especie de impuesto indirecto: no aparecen en las declaraciones de los contribuyentes, pero se pagan en cada compra, en cada producto que sube de precio.

El razonamiento oficial es comprensible. El Estado enfrenta compromisos sociales y de infraestructura que requieren recursos, y los aranceles representan una forma rápida de obtenerlos sin tocar otros impuestos más visibles. Sin embargo, ese alivio es de corto alcance. Los precios más altos que generan los aranceles recaen sobre el consumidor, y en un país donde la inflación todavía pesa en la memoria colectiva, cualquier incremento adicional termina siendo sensible.

Aunque se insiste en que la medida no tiene un destinatario específico, los números muestran que China es el país más afectado. Esto coloca a México en una posición delicada. Por un lado, muestra alineamiento con la estrategia comercial de Estados Unidos, que desde hace tiempo busca limitar la expansión china en sectores estratégicos. Por otro, introduce una tensión natural: México depende de cadenas de suministro globales donde participan tanto empresas chinas como occidentales que producen en China. Los aranceles encarecen vehículos eléctricos de marcas como BYD o JAC, pero también impactan modelos de firmas estadunidenses y europeas que ensamblan en Asia.

El caso de los autos eléctricos es quizá la contradicción más evidente. México ha asumido compromisos ambientales que apuntan a acelerar la transición hacia una movilidad más limpia. Sin embargo, los aranceles a estos vehículos encarecen las opciones más accesibles y terminan retrasando esa transición. Al limitar la llegada de modelos eléctricos más baratos, la medida favorece a la industria tradicional de combustibles fósiles y complica el acceso de los ciudadanos a tecnologías más sostenibles. Lo que parece protección a un sector puede convertirse, en la práctica, en un retroceso ambiental.

Los beneficios de corto plazo son claros: se refuerza la recaudación, se envía un mensaje de respaldo a ciertos sectores productivos y se alinea la política comercial con las dinámicas internacionales. Pero el largo plazo presenta riesgos que no deben ignorarse. Los aranceles encarecen bienes, presionan la inflación y pueden desalentar inversión extranjera en un momento en que México busca consolidarse como destino privilegiado para el nearshoring. Los inversionistas valoran tanto la ubicación geográfica como la certidumbre regulatoria, y medidas de este tipo, tomadas de forma unilateral, generan la percepción de que las reglas de juego pueden cambiar sin aviso.

A esto se suma un factor geopolítico complejo. Enfocar los aranceles hacia China puede ser leído en Beijing como un gesto de enemistad, justo cuando México necesita diversificar mercados y no depender en exceso de un solo socio. Y la coyuntura no ayuda: la administración de Donald Trump en Estados Unidos ha mostrado ser volátil, con decisiones que dependen muchas veces más del ánimo que de la estrategia. Apostar todo al alineamiento con Washington podría volverse un error si mañana cambian las reglas o si la relación bilateral se tensiona por otros motivos. En ese escenario, México correría el riesgo de haber cerrado puertas en Asia sin garantizar estabilidad en Norteamérica, un doble costo que puede pesar más que cualquier ingreso fiscal de corto plazo.

El dilema no es menor. México necesita recursos, pero también necesita mantener su competitividad y fortalecer la confianza de quienes producen e invierten en el país. Tal vez la pregunta de fondo sea si los aranceles deben ser un mecanismo fiscal o una herramienta de política industrial con objetivos claros y temporales. Usarlos como fuente de ingresos puede dar oxígeno inmediato, pero a costa de encarecer la vida cotidiana de millones de personas.

Al final, el arancel no castiga solo a quien exporta: impacta directamente en quien consume. Y lo hace de manera desigual, pues afecta más a quienes destinan gran parte de su ingreso a bienes básicos y movilidad. El desafío es encontrar un equilibrio entre la necesidad de recaudar, la obligación de impulsar la competitividad y el compromiso con la transición ambiental.

En economía, lo inmediato suele ser tentador. Pero lo que se gana en el corto plazo puede costar mucho más en el largo. Los aranceles como impuesto disfrazado son un recordatorio de que las decisiones fiscales también son decisiones sociales: no solo llenan la caja del Estado, también moldean el bolsillo del ciudadano, la ruta ambiental del país y sus equilibrios políticos en un mundo que se mueve con demasiada rapidez.