Cuando el agua se vuelve poder

Por Ricardo Peraza

En México, el agua ha sido, durante décadas, un recurso que fluye entre la política y la sequía, más que entre la gestión y la justicia. Hoy, mientras en el Congreso se vuelve a poner sobre la mesa la llamada Ley General de Aguas, el país enfrenta un dilema que va más allá de la técnica jurídica: cómo garantizar el derecho humano al agua sin asfixiar la economía que depende de ella. La iniciativa busca reemplazar la Ley de Aguas Nacionales de 1992 —una norma que nació en tiempos de apertura comercial y privatizaciones— por un marco más integral, centrado en el acceso equitativo, la sustentabilidad y la gobernanza participativa. Pero su llegada ocurre en un México distinto: uno con represas medio vacías, ciudades al borde del racionamiento y empresas cada vez más presionadas por inversionistas y consumidores que ya ven el agua como un factor de riesgo ambiental, financiero y reputacional.

Lo primero que salta a la vista es el cambio de enfoque. La ley vigente considera el agua como un bien nacional sujeto a concesiones. La nueva propuesta, en cambio, parte del reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, siguiendo la reforma al artículo 4° constitucional. En teoría, eso debería garantizar que ninguna persona quede sin acceso por razones económicas, geográficas o políticas. En la práctica, supone redibujar la relación entre Estado, iniciativa privada y comunidades. Lo que antes era un esquema de permisos técnicos podría transformarse en un modelo de responsabilidad social obligatoria.

Desde la óptica empresarial, eso implica un giro profundo. Las industrias más intensivas en consumo hídrico —minería, agroindustria, manufactura, bebidas, energía— podrían enfrentar nuevas obligaciones de transparencia, reúso y tratamiento de aguas residuales. La iniciativa contempla fortalecer los mecanismos de monitoreo de consumo y descarga, con la posibilidad de sanciones más severas e incluso revocaciones de concesiones si se detecta incumplimiento. En otras palabras, las empresas tendrían que medir y reportar su “huella hídrica” con el mismo rigor con que hoy calculan sus emisiones de carbono. Y si bien eso suena a burocracia ambiental, también abre un espacio para la innovación tecnológica, el aprovechamiento de aguas pluviales y el desarrollo de sistemas de recirculación más eficientes.

El costo de adaptarse, sin embargo, no será menor. Muchas plantas industriales dependen de infraestructura hídrica diseñada hace más de veinte años, bajo supuestos climáticos que ya no existen. La modernización requerirá inversión en tratamiento, monitoreo y certificación, justo en un entorno donde los márgenes empresariales se ven presionados por la desaceleración global. El riesgo, como advierten algunos analistas, es que la reforma termine castigando la formalidad y estimulando la extracción clandestina.

Del lado ambiental, la propuesta intenta corregir una omisión histórica. La Ley de 1992 fue pensada para administrar la abundancia, no para gestionar la escasez. En aquel entonces, el discurso era el del aprovechamiento productivo del agua; hoy, la urgencia es su supervivencia. México perdió cerca de 40% de sus cuerpos de agua superficiales en los últimos treinta años y casi una cuarta parte de sus acuíferos se encuentra sobreexplotada. La nueva ley introduce la idea de “cuencas como unidades de gestión”, lo que permitiría decisiones más localizadas y participativas. Comunidades rurales e indígenas, por ejemplo, podrían tener voz en la definición de planes hídricos regionales. También se incorporan criterios de justicia ambiental y equidad intergeneracional: quién usa el agua hoy y quién la necesitará mañana. Ante esto, el sector privado parece empezar a entender que el agua ya no es sólo un insumo: es un activo estratégico. Multinacionales que cotizan en Bolsa, fondos ESG y grandes productores agrícolas han comenzado a evaluar sus riesgos hídricos como variables de negocio. En ese contexto, la nueva ley podría convertirse en una ventaja competitiva para quien se adelante. Cumplir con estándares de reúso, eficiencia y transparencia podría abrir acceso a financiamiento verde, certificaciones internacionales y cadenas de suministro más sostenibles. Lo que antes era un requisito de cumplimiento podría volverse una narrativa de valor: “Producimos sin secar el futuro”.

Aun así, el debate de fondo permanece. ¿Puede un país con profundas desigualdades regionales imponer reglas uniformes sobre el agua? ¿Cómo equilibrar el derecho de un agricultor en Sonora con la demanda de una planta automotriz en Aguascalientes o una embotelladora en Toluca? La ley intenta responder con mecanismos de redistribución y participación, pero el verdadero desafío será político. Porque hablar del agua en México no es sólo hablar de clima o industria: es hablar de poder. Quien controla el agua controla el territorio, y quien controla el territorio define el rumbo del desarrollo.

Si se implementa con visión y transparencia, la nueva Ley General de Aguas podría inaugurar una era donde el crecimiento económico y la gestión sustentable dejen de verse como enemigos. Pero si se politiza o se convierte en instrumento de castigo o clientelismo, terminará siendo otro decreto más en la historia de los buenos propósitos.

En cualquier caso, el mensaje es claro: el agua ya no es un recurso invisible ni infinito. Es una moneda en disputa, un bien común que está dejando de ser barato y empezando a ser valioso.