Enero siempre tiene ese modo sutil de recordarte quién manda: no el calendario, sino el ticket. El mismo carrito, la misma lista mental de “sólo lo básico” y, aun así, un total que parece escrito por otra persona. A eso le llamamos inflación para sentir que lo entendemos, pero en realidad es otra cosa: es la sensación de que el país ajusta precios como quien aprieta una tuerca, sin avisar y sin pedir permiso.
En el papel, 2026 luce relativamente domesticado. El marco macro del Paquete Económico habla de una inflación promedio de 3.65% y la encuesta de especialistas que publica Banco de México coloca la inflación general para el cierre de 2026 alrededor de 3.9%. Suena razonable. El problema es que la economía no se vive en promedios: se vive en puntos de contacto. Y este año trae varios, todos al mismo tiempo. Habrá impuestos “saludables”, habrá apretón a plataformas… pero el golpe más serio —por amplio y por silencioso— viene del comercio exterior: los aranceles.
Porque el arancel tiene una virtud política y un defecto económico: no se ve. Un impuesto al refresco es visible y antipático; el arancel es discreto, casi elegante. Entra como un trámite, se esconde en un pedimento, viaja en la contabilidad como “costo de importación” y llega al consumidor convertido en “ajuste de lista”. Por eso sorprende cuando duele: cuando ya no hay forma de discutirlo.
La historia de 2026, en buena medida, va a ser la historia de ese costo escondido. México decidió elevar aranceles —en muchos casos hasta 35%— a importaciones provenientes de países sin tratado de libre comercio, con China como protagonista obvio, aunque el discurso intente sonar neutro. La medida abarca miles de productos e insumos: textiles y ropa, plásticos, acero, autopartes, incluso vehículos, entre otros. Y aquí viene lo relevante: esto no pega sólo en “cosas que uno compra”. Pega en cadenas completas. Pega donde más importa: en lo que permite producir.
El consumidor tiende a imaginar que lo importado es el juguete, la vajilla, el cosmético o el vestido. Y sí: ahí lo vas a notar, porque el traslado es directo y la excusa perfecta. Pero el efecto más profundo está antes, en la cocina industrial del precio: resinas, componentes, piezas, aceros específicos, empaques, químicos, telas, accesorios, refacciones. Cuando encareces el insumo, el golpe se multiplica. No es un aumento de un producto: es una presión transversal, una pequeña marea que levanta varios barcos a la vez.
Además, los aranceles tienen una temporalidad tramposa. No explotan el día que se publican; explotan cuando se termina el inventario “viejo” y entra la reposición “nueva”. Por eso 2026 puede sentirse como un año de inflación por oleadas: semanas tranquilas, luego una corrección repentina, luego otra. Y no porque el mercado se haya vuelto loco, sino porque el stock se renovó con costos distintos. El contenedor tarda en llegar; la inflación también, pero cuando llega lo hace con factura.
A esa presión aduanera se suma el carril fiscal que sí se siente desde el primer sorbo. La Ley del IEPS para 2026 fija cuotas por litro para bebidas saborizadas con azúcares añadidos y para las que contengan edulcorantes. También ajusta el tabaco, un cambio que inevitablemente se traduce en precios más altos y en esa conversación recurrente sobre cajetillas que rozan los tres dígitos. Si a eso le agregas el aumento de la tasa para apuestas y sorteos en línea, tienes una canasta de “microinflaciones” que se cuelan por distintos lados.
Y todavía falta el ajuste silencioso del comercio digital. A partir de 2026 se endurecen retenciones para ventas en plataformas: la tasa de ISR sube a 2.5% en ciertos supuestos y, en la práctica, la retención de IVA suele materializarse como la mitad del impuesto trasladado. No es un detalle técnico, es un golpe de liquidez. Miles de pequeños negocios y empresas medianas viven de ciclos cortos de caja; si les recortas margen y flujo, el precio se vuelve el botón más fácil de presionar. A veces no suben el precio: reducen tamaño, bajan calidad, recortan descuentos.
En este tablero, el Banco de México juega un partido difícil. Puede manejar demanda con la tasa, pero no puede “bajar” un arancel desde la política monetaria. Puede suavizar el ciclo, pero no deshace un choque de costos. Y mientras la autoridad insiste en la convergencia a 3% hacia finales de 2026, los propios analistas mantienen expectativas más arriba y el debate interno sobre seguir recortando o pausar está documentado.
Por eso el mensaje de fondo no es alarmista, pero sí incómodo: 2026 no necesariamente será el año de la inflación desbocada; puede ser el año de la inflación inevitable, la que llega por diseño. La que entra por aduana, por cuota, por retención, por reposición. Y frente a esa inflación, la diferencia entre sufrirla o administrarla no está en la indignación, sino en la preparación: entender qué parte de tu costo viene del exterior, qué fracciones y orígenes te exponen, qué contratos te dejan sin margen, qué inventarios te dan tiempo y cuáles te condenan a trasladar de golpe. En 2026, la inflación no va a tocar la puerta, va a pasar migración, va a pagar arancel —o lo vas a pagar tú— y se va a sentar en tu mesa como si siempre hubiera vivido ahí.