Amparo verde en peligro

Por Ricardo Peraza

En el mundo jurídico hay palabras que parecen inocentes, pero que esconden batallas enteras. Una de ellas es “interés legítimo”, en esa pequeña llave se juega hoy, quizá, el futuro de miles de causas ambientales en México. La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, presentada hace unas semanas, pretende “aclarar” qué debe entenderse por interés legítimo. Lo que en el papel parece un ejercicio de precisión jurídica, en la práctica puede convertirse en un cerrojo que limite la posibilidad de comunidades, activistas y organizaciones civiles de acudir a los tribunales para defender el aire, el agua o la tierra.

El cambio propuesto no es menor: se busca que el interés legítimo sòlo exista cuando el quejoso acredite una “lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas”, además de que la anulación del acto reclamado le produzca un beneficio cierto y directo, nunca hipotético o eventual. En abstracto suena razonable. El problema es que el medio ambiente no funciona bajo esas coordenadas jurídicas. La contaminación del aire, el desvío de un río, la deforestación de un cerro o la sobreexplotación de un acuífero son daños colectivos, compartidos, que difícilmente se desmenuzan en perjuicios individuales. ¿Cómo prueba una comunidad entera que su afectación es “diferente” a la de sus vecinos si todos respiran el mismo aire sucio o beben del mismo pozo contaminado?

Desde la reforma constitucional de 2011, el interés legítimo se convirtió en una herramienta vital para ampliar el acceso a la justicia. Permitió que colectivos ambientales y ciudadanos comunes impugnaran proyectos o decisiones que ponían en riesgo ecosistemas, aunque no tuvieran un título de propiedad o un interés patrimonial directo. Fue, en muchos sentidos, una democratización del amparo: la posibilidad de que el ciudadano interviniera en la defensa de bienes que son de todos. Hoy, con la reforma en puerta, ese camino podría cerrarse de golpe.

El efecto práctico sería brutal. Pensemos en una comunidad ribereña que detecta que un proyecto carretero desviará el cauce de un río. El daño todavía no ocurre, pero es evidente que sucederá si la obra avanza. Hoy podría intentar un amparo preventivo para proteger su entorno antes de que el perjuicio sea irreversible. Con la reforma, el juez podría desechar la demanda alegando que el daño aún no es real ni actual y que no se acredita una afectación distinta de la del resto de la población. Resultado: cuando finalmente el río se haya desviado y la comunidad pierda su fuente de agua, será demasiado tarde.

Lo mismo ocurriría con la calidad del aire en una ciudad industrial. ¿Quién puede demostrar que sus pulmones se dañan de manera diferente a los de los demás habitantes? ¿O con la deforestación de una zona montañosa? ¿O con la pérdida de manglares por desarrollos turísticos? El medio ambiente se deteriora de manera difusa y acumulativa; la lógica de “lesión diferenciada” es incompatible con la naturaleza del problema. Y justo ahí es donde el amparo ha mostrado su mayor utilidad: en abrir la puerta a litigios estratégicos que impiden daños colectivos que de otro modo quedarían sin defensa.

Los defensores de la reforma señalan que el amparo se ha usado de manera abusiva para frenar proyectos de inversión o dilatar políticas públicas. Y tienen razón en parte. Hay litigios interpuestos de manera irresponsable. Pero la solución no es cerrar la puerta en general, sino fortalecer los filtros judiciales caso por caso. Hacerlo vía una restricción legal del interés legítimo equivale a matar mosquitos con cañonazos: se afecta de paso a quienes usan el amparo de buena fe en defensa de bienes colectivos.

No se trata de negar que el amparo necesita ajustes. Es cierto que se ha vuelto un recurso omnipresente y a veces abusado. Pero acotar el interés legítimo en los términos propuestos es golpear donde más duele: en la defensa ciudadana del medio ambiente. En un país donde las instituciones ambientales se han visto debilitadas y los proyectos de infraestructura se impulsan con rapidez y pocas evaluaciones, el amparo ha sido una de las últimas trincheras efectivas. Limitarlo equivale a desarmar a la sociedad en una de las batallas más urgentes de nuestro tiempo.

La pregunta de fondo es política, no técnica: ¿queremos un modelo donde sòlo el Estado decida qué se protege y cómo, o ciudadanos con herramientas para exigirlo en tribunales? Si lo primero, la reforma será coherente, pero devastadora. Si lo segundo, lo mínimo es preservar la amplitud del interés legítimo. El medio ambiente no puede esperar a que el daño sea “real y actual” para reaccionar. Para entonces, ya estaremos contando pérdidas.