Por Cristina Ramírez
Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea y exprimer ministro de Luxemburgo, dijo una vez: “Todos sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo conseguir la reelección una vez que lo hayamos hecho”. Esta observación resume el dilema actual de Europa. La mayoría de los líderes europeos saben qué reformas y recortes presupuestarios son necesarios para impulsar la productividad, promover la innovación, racionalizar la regulación, controlar el gasto público y reforzar sus defensas. Pero, tras décadas de expansión del bienestar social, los votantes se muestran reacios a renunciar a sus prestaciones sociales.
El electorado europeo se ha vuelto reacio al riesgo y protege unos niveles de vida que ya no reflejan los fundamentos económicos subyacentes. Cediendo a los incentivos a corto plazo, los partidos, tanto de izquierda como de derecha, compiten ahora por superarse unos a otros en promesas insostenibles, alimentando un ciclo populista que profundiza la polarización.
En su influyente informe de 2024 sobre la competitividad europea, Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo y exprimer ministro italiano, advirtió de que el continente corre el riesgo de convertirse en un museo: hermoso, histórico e irrelevante, con el turismo como única industria competitiva.
El intento de Francia de reformar las pensiones es ilustrativo. El presidente francés, Emmanuel Macron, trató de aumentar la edad de jubilación en un país en el que las personas mayores de 65 años tienen ingresos medios más altos que la población en edad de trabajar, lo que desencadenó meses de protestas y agitación política. Los populistas de izquierda y derecha atacaron la idea, argumentando que el déficit fiscal sólo puede reducirse aumentando los impuestos a los ricos. La reforma de las pensiones propuesta acabó siendo tan tóxica que el gobierno la archivó.
Sin duda, Europa no es Argentina. Pero los votantes europeos se parecen cada vez más a sus homólogos argentinos, quienes, a pesar de la inflación galopante y los repetidos impagos de la deuda, siguieron hasta hace poco cayendo en las “soluciones” fáciles de los subsidios, el clientelismo y un sector público en constante expansión que ofrecía el peronismo/kirchnerismo de izquierda. Al igual que en Europa, los políticos argentinos sabían lo que había que hacer. Entre 2015 y 2019, el entonces presidente Mauricio Macri intentó abordar la mala gestión crónica de la economía con un programa de reformas cauteloso y gradual que resultó muy impopular y exacerbó la frustración del electorado. Tras su mandato, volvió el kirchnerismo y la crisis se agravó. Tras décadas de gasto irresponsable y caída del nivel de vida, los votantes se decantaron en 2023 por el agitador libertario Javier Milei. Como presidente, Milei ha arremetido contra las “élites políticas”, al tiempo que ha aplicado políticas económicas diseñadas en gran medida por Luis Caputo, su ministro de Finanzas y antiguo banquero de JP Morgan, que anteriormente intentó llevar a cabo reformas como director del banco central durante la administración Macri.
Los recortes “radicales” de Milei —la reducción más rápida e intensa del gasto público en la historia moderna, con la posible excepción de Grecia tras su crisis de deuda de 2009— han contribuido a estabilizar las finanzas públicas y han generado un superávit presupuestario por primera vez en más de una década. Pero estas mejoras fiscales han tenido un coste social, entre el que se incluye un aumento sustancial de la pobreza (de algo más de 40% en la primera mitad de 2023 a casi 53% en la primera mitad de 2024), el aumento de la desigualdad de ingresos, el incremento del desempleo y la profundización de la polarización política. Nadie sabe cómo acabará el experimento de Milei, pero su mandato, reafirmado en las elecciones de mitad de mandato de octubre, no debe considerarse un respaldo incondicional a la ortodoxia libertaria. Más bien, refleja un electorado que, habiendo sido históricamente reacio a las reformas sensatas a pesar de las continuas crisis económicas y financieras, llegó a un punto de ruptura y abrazó a un outsider, un “populista antipopulista” cuya promesa de terapia de choque significaba implementar una agenda económica conservadora con un alto costo social.
En promedio, las democracias superan a los regímenes populistas en términos de crecimiento económico a largo plazo, innovación y bienestar social. Pero la democracia también incentiva el éxito electoral a corto plazo por encima de la responsabilidad a largo plazo. Cuando el cortoplacismo político toma el control, es más probable que prospere el populismo, que ofrece respuestas simples a problemas complejos, aplaza las decisiones difíciles y aviva el resentimiento. Para evitar esta trampa, los líderes deben estar dispuestos a decir a los votantes lo que no quieren oír, y los votantes deben estar dispuestos a recompensarlos por ello. La trayectoria actual de Europa sugiere que ni los líderes ni los votantes están haciendo su parte. Pero la realidad, como siempre, se reafirmará. La pregunta es si Europa la afrontará en sus propios términos o si, como Argentina, esperará hasta que una crisis la obligue a actuar, momento en el que los derechos intocables de hoy pueden perderse por completo.
La cínica broma de Juncker se parece cada vez más a una profecía. Los líderes europeos saben lo que hay que hacer. Sólo necesitan el valor —y el respaldo de los votantes— para hacerlo.
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