Adiós a las playas privadas

Por José Luis Pech Várguez

¡Vamos a la playa!, es el coro interminable de una canción ochentera que refleja una forma de vida, algo cotidiano y característico de una época. Tan sólo tres décadas después, ir a la playa en México se convirtió casi en un privilegio… para las y los mexicanos.

Gracias a sus extensas y paradisiacas costas, nuestro país siempre ha tenido vocación natural para el turismo de sol y playa. No obstante, nuestro derecho a disfrutar de estos espacios del patrimonio nacional se ha ido reduciendo ante el crecimiento de la llamada industria sin chimeneas en nuestro territorio.

Debemos recordar que antes de las Olimpiadas de 1968, el Mundial de futbol México 70 y el nacimiento de Cancún, también en 1970, nuestro país no era un destino para el turismo de masas. Estos acontecimientos en gran medida fueron los detonantes para que esta actividad productiva empezara a figurar entre los planes de desarrollo y el andamiaje de leyes que configuran y dan rumbo al país.

Fue entonces que se cruzó el periodo neoliberal. Desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón, con el pretexto de atraer inversiones hacia los destinos nacionales, se validaron por ley definiciones y reglas administrativas con efectos privatizadores sobre las playas; lo cual se puede probar con sólo dos ejemplos.

Primero, con la creación de la Zofemat, en 1982, se autorizó concesionar la mejor parte de las playas a empresas privadas. Hecho que por sí mismo no habría sido tan grave, pero se les ocurrió, también, determinar que esta área mediría escasos 20 metros de ancho a lo largo de las costas.

De un plumazo legalizaron el despojo, pues así definieron que sólo esa pequeña superficie de playa pertenecería a la nación. Por eso en nuestro país las propiedades privadas costeras y los grandes hoteles están prácticamente sobre la orilla del mar.

Posteriormente, en 2009  se reconoció al turismo como actividad económica prioritaria, por lo que el crecimiento de la industria hotelera y de servicios debía promoverse por encima de cualquier otra actividad productiva.

Fue entonces que nuestro derecho a usar y disfrutar de las playas nacionales se redujo a un simple mito.

Por simple omisión o por abierto agandalle, durante esta etapa neoliberal se evitó definir en la ley lo que es o debe entenderse por “playa”, pese a que ellos mismos la elevaron a condición de recurso estratégico para la nación. Por supuesto, tampoco fue importante reglamentar ni garantizar su uso público.

Por ello, devolverle a las y los mexicanos sus playas es ahora la prioridad del gobierno de la Cuarta Transformación. Un primer paso se dio en febrero de 2020, cuando se reconoció en la Ley de Bienes Nacionales el derecho al libre acceso y tránsito¹ por estos espacios de costa, acompañado de sanciones para quienes lo impidan.

Ahora bien, a partir de un principio universal que dice: lo que no se nombra no existe, en el Senado avanzó una iniciativa que presenté con el propósito de definir con precisión, en la ley antes señalada, lo que debe entenderse como una playa en México, pues resulta que sin este concepto, el Estado mexicano es incapaz de ejercer su propiedad sobre las playas y menos garantizar el disfrute de éstas para su población.

Por eso propuse establecer que las playas marítimas sean los primeros 10 metros de arena a partir de la marea más alta, mismos que estarán destinados para el libre acceso y uso de las personas.

En consecuencia, la superficie de Zofemat que se puede concesionar se reduce a 10 metros, lo que se hará respetando los derechos adquiridos vigentes hasta que concluyan y sin afectaciones a la inversión privada.

Esto es un acto de justicia para quienes habitamos México. Porque queremos que aquella canción ochentera vuelva a estar de moda, primero debemos decir: adiós a las playas privadas.

           *Ver decreto publicado en DOF el 21/02/20:

                https://bit.ly/3aJmxfP.

**Para conocer mi iniciativa ingresa al siguiente vínculo         web: https://bit.ly/3dV5UzK.