Acerca de las elecciones judiciales

Por Jaime Rivera Velázquez

El proceso de las elecciones judiciales se encuentra en sus etapas finales. Con motivo de la jornada de votación del 1 de junio, en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) manifesté algunas valoraciones sobre las condiciones en que este proceso electoral se ha desarrollado. Las líneas siguientes reproducen en forma abreviada mi discurso.

Esta jornada electoral comienza después de un proceso extraordinariamente complejo, lleno de dificultades derivadas de la premura con que se aprobó la reforma judicial, así como por algunas disposiciones que cambian sustancialmente el modo en que las elecciones se habían realizado en México desde hace tres décadas.

Una de las primeras dificultades para empezar a organizar estas elecciones reside en que la estructura territorial y la distribución de competencias del Poder Judicial federal tienen poco que ver con las demarcaciones territoriales electorales. La tarea para conciliarlas fue muy complicada y en varios aspectos cuestionable. Otra dificultad fue la enorme cantidad y diversidad de cargos judiciales por elegir. Fueron muchos los esfuerzos que hizo el INE para darle lógica jurídica y operatividad a la distribución de candidaturas en distritos y en las boletas electorales, pero los resultados fueron, inevitablemente, insuficientes y cuestionables.

Lo más visible de esas dificultades es el diseño de boletas electorales para jueces de distrito: muchas candidaturas y varias especialidades se agruparon en una sola boleta; podemos decir que, de hecho, en una sola hoja de papel se imprimieron varias boletas. De ahí la dificultad para los electores de entender cómo votar.   

El eslabón más decisivo de la organización electoral se ubica en las casillas de votación. En ese eslabón el INE tuvo que hacer cambios que han recibido muchas críticas. Debido al severo recorte presupuestal, se aprobaron menos casillas que las que correspondían según la cantidad de electores. Algunas reglas de funcionamiento de las mesas directivas de casilla se tuvieron que modificar para adecuarse a las nuevas circunstancias. Los cómputos no se harán en las casillas, afectando así uno de los elementos de confianza del conteo de los votos.

La decisión de trasladar los cómputos de votos de las casillas a los consejos distritales era indeseable, pero fue inevitable. Es materialmente imposible que los ciudadanos de casilla permanecieran ahí por 40 o 50 horas continuas para contar todos los votos y llenar las actas de resultados. Lo mismo puede decirse de no cancelar las boletas no utilizadas. El objetivo de esta previsión legal es evitar que boletas en blanco puedan ser marcadas e introducidas como votos en otro momento. Ésas y otras medidas excepcionales adoptadas por el INE fueron un mal necesario.

Por si estas complicaciones fueran pocas, entraron en escena los llamados “acordeones” para votar. Es innegable que la producción y distribución masiva de esos impresos fueron obra de maquinarias políticas poderosas, con abundantes recursos económicos, para hacer propaganda ilegal a favor de determinadas candidaturas y, presumiblemente, para ejercer presión y coacción sobre los electores. Esos acordeones suplantan la decisión de muchos ciudadanos por parte de quienes tienen una posición de poder sobre ellos. Esa abusiva maniobra política ha manchado indeleblemente estas elecciones.

El reconocimiento de las dificultades y deficiencias que han tenido hasta ahora estas elecciones de juzgadores deberían dejarnos lecciones para el futuro. Si esta clase de elecciones ha de seguir, debería mejorar la selección de candidatos con criterios de capacidad profesional; no concentrar demasiados cargos a elegir en un solo proceso y separar las elecciones judiciales de las elecciones políticas entre partidos. Debería pasarse de reglas malas, pero inevitables, a reglas correctas y deseables, apegadas a los principios de integridad electoral. 

Una reforma judicial que cambiará tan radicalmente la integración y el funcionamiento de todo el Poder Judicial merecía una justificación bien sustentada. No hay tal. La motivación de la reforma refiere escuetamente que la justicia ha estado lejana del interés público y que los jueces tienen intereses ajenos al pueblo. Parece más una declaración ideológica que una argumentación jurídica. Tampoco explica por qué esas falencias del Poder Judicial podrían remediarse con la destitución de miles de jueces, casi todos llegados al cargo tras una meritoria carrera judicial, por otros tantos abogados, con experiencia judicial o sin ella y con requisitos mínimos, que serán elegidos por votación popular directa.

No obstante, las elecciones se organizaron razonablemente bien, gracias al trabajo incansable del personal del INE; de los integrantes de las juntas locales y distritales de todo el país; de los capacitadores-asistentes electorales y, especialmente, gracias a la contribución cívica de las y los ciudadanos que fungen en las mesas directivas de casilla.