La misión de la CICIG

Por José Rubén Zamora Marroquín*

Se habla mucho de copiar el modelo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en otros países de América Latina. Pero replicar la comisión no será fácil. Las victorias que llevaron a la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, se produjeron después de ocho años de modestos resultados, que frecuentemente hicieron pensar a los guatemaltecos que la CICIG no era útil. Si otros países deciden copiar el modelo de la comisión, necesitarán darle tiempo para que la organización madure y el país se familiarice con las posibilidades de la organización.

La CICIG tuvo tres directores en ocho años, y sólo el último logró una victoria. La comisión sobrevivió las campañas ocultas de parte de miembros del Estado de Guatemala que han afectado el Estado de derecho en Guatemala desde 1982.

En nuestro país, el director de la comisión tiene autonomía completa, independencia, poca supervisión y control. La CICIG para otros países tendría que ser supervisada por un panel independiente compuesto por personalidades de la comunidad internacional.

La CICIG fue una idea que creamos durante una cena en 1999 un grupo de amigos de derechos humanos y periodistas. Estábamos despertando de un sueño tras la firma de los acuerdos de paz en 1996, que había terminado con una larga guerra civil que duró 30 años.

Era 1999 y nuestras esperanzas estaban por el suelo luego del asesinato en 1998 del obispo Juan Gerardi, quien acababa de publicar un análisis histórico de la Iglesia católica sobre la guerra civil.

Ya sabíamos que estructuras creadas durante la guerra civil se habían transformado en algo más siniestro. Hoy sabemos de La Línea, el grupo de corrupción que devastó al gobierno de Pérez Molina. Pero el nacimiento de este grupo se remonta a 1982,  cuando fue creado y dirigido por altos mandos de inteligencia militar, quienes durante la guerra civil tomaron control de las aduanas, los puertos, los aeropuertos y las fronteras, supuestamente, para estar en posición de identificar y detener el ingreso de armamento y municiones para la guerrilla guatemalteca. Eventualmente, como vimos con el escándalo más reciente, el control de las importaciones en el país les permitió desarrollar una operación muy rentable de contrabando y defraudación tributaria.

En los últimos años, el mismo grupo se ha  conocido por diferentes nombres como la Cofradía, el Grupo Salvavidas, el Estado Paralelo, la Red Moreno y más recientemente La Línea. Sus especialidad es el trasiego de drogas, indocumentados y otras líneas semejantes. Desde 1982, durante la guerra y el proceso de paz, los miembros de esta organización han cogobernado con todos los presidentes del país y han estado en puestos clave del Estado de Guatemala, en puestos militares, la policía, el Ministerio Público y las Cortes de Justicia.

Sólo la defraudación tributaria derivada del contrabando les ha significado 1.8 billones de dólares, equivalentes a 26% de los ingresos fiscales del Estado de Guatemala, aunque el grueso de sus ingresos son provenientes del trasiego de drogas.

Cuando pensábamos armar la CICIG, La Línea se llamaba “La Oficinita”. Operaba desde una sastrería y tenía entre sus miembros a oficiales de inteligencia militar en activo y jubilados, jueces corruptos y otros.

En la cena nosotros pensamos: ¿por qué no presionar para la creación de una organización tipo Oficinita que trabajara por el bien del país?

Guatemala había tenido buenas experiencias con organizaciones internacionales como la Misión de las Naciones Unidas, MINUGUA, creada en la década de 1990 para acompañar al proceso de paz. Para el 2000 habíamos convencido al entonces presidente Óscar Berger para pedir a las Naciones Unidas por la CICIG. La oficina, sin embargo, no se puso en marcha sino hasta 2007.

El primer director de la CICIG fue Carlos Castresana, un juez español muy inteligente que intentó descifrar Guatemala, pero al final fue abrumado con una especie de paranoia justificada debido a las presiones de los grupos criminales infiltrados en todas las posiciones clave del Estado. Él se desquició por la vigilancia y otros actos de actores independientes que trabajan para “La Oficinita”, que atacó de inmediato a la CICIG.

Castresana dejó Guatemala sin completar unas cuantas investigaciones de alto impacto. El segundo director fue Carlos Allanese, un excelente juez costarricense, pero proveniente de un país decente y civilizado, sin semejanzas ni paralelismos con Guatemala. Resolvió sus problemas al no ahondar demasiado en la política de Guatemala y optó por escribir una novela.

A medida que la CICIG paseaba, El Periódico y otras organizaciones no gubernamentales independientes, incluyendo Acción Ciudadana (Capítulo local de Transparencia Internacional), tomaron el relevo y publicaron denuncias e informes sobre fechorías del gobierno.

En 2013, El Periódico publicó un suplemento especial sobre el primer año de la Administración Pérez Molina/Baldetti Pérez, con el título Un Cuento de Hadas Sin Final Feliz. Esa cobertura sobre la corrupción en curso lastimó al periódico.

Fue hasta 2012 que llegó Iván Velásquez a la CICIG. Un juez de Medellín, Colombia, que estaba acostumbrado a amenazas similares a las que enfrentábamos en Guatemala.

Había sufrido amenazas de muerte, asesinatos y secuestros durante su trabajo como juez investigador en la década de 1990 en Medellín, Colombia. Fue un placer darle la bienvenida a Guatemala; El Periódico y otras ONG tenían un campeón que nos ayudó a seguir adelante.

Estados Unidos, sin embargo, permaneció al margen en el escándalo de La Línea. Hasta agosto se me decía que la embajada de Estados Unidos había evaluado que lo que pasaba en Guatemala podría terminar siendo similar al golpe de Estado en Honduras en 2009.

Tras bambalinas, funcionarios de la embajada aplicaron presión sobre Otto Pérez Molina para que limpiara su gabinete, pero no llegaron a sugerirle que renunciara. Sólo se volvieron su enemigos cuando Pérez Molina se volvió irracional. Ahora Pérez Molina dice que la CIA (Agencia Central de Inteligencia) estaba detrás de su derrocamiento.

*Director y fundador de El Periódico, una publicación guatemalteca reconocida por sus investigaciones contra la corrupción. Zamora ha sido amenazado y atacado en varias ocasiones por su trabajo. Fue secuestrado y torturado en su casa con su familia en 2003 y secuestrado y dado

por muerto en 2008.