Carta Democrática Interamericana: 14 años

Por Francisco Guerrero Aguirre

La democracia ha atravesado un difícil camino antes de ser reconocida como el único sistema político legítimo en la región. Atrás quedaron décadas de gobiernos dictatoriales y autoritarios.

En la Resolución 1080, adoptada por la Asamblea General en Santiago de Chile en 1991 y el Protocolo de Washington de 1992, los Estados americanos acordaron defender sus democracias y responder de forma conjunta a cualquier amenaza que ponga en riesgo su continuidad. Este proceso se profundizó mediante la adopción unánime de la Carta Democrática Interamericana (CDI) el 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Lima, Perú.

La carta representa un ideal, una serie de parámetros que los Estados miembros se comprometieron a seguir para la implementación de iniciativas, proyectos y prioridades.

No obstante, el florecimiento de la democracia enfrenta un contexto difícil que no puede ignorarse. La desaceleración económica mundial, la volatilidad del precio de las materias primas, los bajos precios del petróleo, el fortalecimiento del dólar y la política monetaria en Estados Unidos representan importantes riesgos para la estabilidad económica de la región pero, sobre todo, para los logros sociales que han permitido incrementar el gasto en educación, salud, transporte e infraestructura.

La reducción de inversión social y las medidas de ajuste que implementen los gobiernos podrían generar resistencias en algunos sectores de la población y crear un clima de tensión política. El mismo empoderamiento del que gozaron las clases medias durante el periodo de bonanza es el mismo que ha incrementado el número de protestas en algunos países.

Persistencia de la Corrupción en la Región

La persistencia de la corrupción como asunto endémico seguirá siendo uno de los principales retos para la democracia.

De acuerdo con el índice de corrupción del Banco Mundial, en 2013 América Latina obtuvo una calificación de 57 puntos sobre 100 en materia de promoción de gobiernos transparentes y lucha contra la corrupción, lo que ubica a la región por debajo de América del Norte (89) y Europa Occidental (63), pero por encima de regiones como el Este Asiático (53), Oriente Medio y el Norte de África (45), el sur de Asia (34) y África Subsahariana (30).

Recientemente, la corrupción ha tenido un alto costo político debido al desencanto generalizado por parte de la población con los partidos políticos y servidores públicos, lo que a su vez tiene un impacto negativo en la percepción de la democracia.

Crisis de Participación Política y de Representación

De acuerdo con el reporte más reciente del Latinobarómetro, el interés en la política en la región en 2013 alcanzó un bajo 28%. Todavía peor resulta el nivel de participación política convencional, puesto que cerca del 90% de la población no se involucra para firmar peticiones, asistir a manifestaciones o trabajar para algún partido. Canales tradicionales de representación como los partidos, son de las instituciones menos confiadas en la región.

Intervención Gubernamental en los Procesos Electorales

Uno de los temas que ha adquirido mayor relevancia en los últimos años ha sido la proliferación en el uso de recursos del Estado y de la función pública con fines electorales. La necesidad de prestar mayor atención a este tema radica en una combinación de factores. Entre ellos se destacan la tendencia en la legislación latinoamericana que favorece la reelección¹, la utilización de medios de comunicación para difundir propaganda de actos de gobierno en época electoral y el uso de programas de ayuda social con fines electorales. 

Manipulación de las reglas electorales

En procesos electorales recientes se ha observado la utilización de mecanismos jurídicos para la inhabilitación de candidatos pertenecientes a partidos de oposición, lo cual afecta directamente en los derechos de participación política de los ciudadanos. Cobra importancia entonces, prestar atención a aquellas normas electorales que sean utilizadas para propósitos que afecten la equidad en la contienda.

Conflicto social

Al mismo tiempo que los niveles de confianza en las instituciones se han estancado o empeorado en la última década, los conflictos sociales van al alza. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la Protesta Social en América Latina de 2012 encontró que entre octubre de 2009 y septiembre de 2010 se registraron dos mil 318 conflictos nuevos.

El 47% obedeció a conflictos sociales, que se refiere a disputas sobre servicios básicos como la alimentación, la salud, la educación, el empleo, entre otros. Esto sugiere que en nuestros países, la distribución de poder todavía permanece concentrada y para que la democracia pueda continuar gozando con altos niveles de legitimidad es necesario ampliar las bases de participación para la mitigación de conflictos.

Balance

El legado de nuestra Carta Democrática Interamericana es un legado fértil. Pero también es un patrimonio inconcluso.

Pese a todos los avances democráticos experimentados por la región aún nos queda mucho por hacer. El ejercicio de los derechos civiles y políticos, por parte de los sectores marginados, continúa enfrentando significativas barreras que obstaculizan su participación plena en el ejercicio efectivo de la democracia.

La construcción de la democracia es una construcción permanente. Esto no ha sido el fruto del esfuerzo de una sola persona, de un país o de una generación. Es un bien colectivo que necesita ser promovido y defendido, tal como lo señala el artículo 1 de la carta, su vigencia se mantiene por el esfuerzo mancomunado de todos, su deterioro por la indiferencia de algunos.

1 En la actualidad, más de dos terceras partes de los países de Latinoamérica (14 de 18) permiten la reelección. Sin embargo, la normativa presenta variaciones importantes entre reelección inmediata o luego de un mandata, reelección limitada o indefinida. Para mayor información ver, Zovatto, D. “La reforma Político Electoral en América Latina”, en “Una nueva agenda de reformas políticas en América Latina”, Paramio, L. y Revilla, M. (Eds.). , Madrid, 2006.

*Secretario de Asuntos Políticos de la OEA. Los puntos de vista son a título personal. No representan la posición de la OEA

Twitter: @pacoguerreroa65