El éxito para México será encontrar los espacios que permitan darle viabilidad y certeza a la inversión, sin comprometer el control del Estado sobre sus recursos.
El próximo 1 de julio es el día del T-MEC. México, al igual que Estados Unidos y Canadá tratarán de impulsar los acuerdos que más los beneficien. Para ello, ya están en marcha las reuniones de trabajo. Si se logra el acuerdo unánime, estaremos ante la eventual suscripción de las nuevas reglas en materia económica que marcarán el rumbo para las tres naciones hasta 2042. Si no se logra, iniciará un periodo de revisión anual activándose la llamada cláusula sunset, en un intento por salvar el tratado antes de su fecha de expiración en 2036.
La agenda multilateral que defienden los tres países tiene motivaciones excluyentes entre sí, de ahí que el proceso de búsqueda de consensos no sea fácil. Estados Unidos parte de la premisa “América Primero”, sus puntos de negociación se centran en la contención de China, en las reglas de origen automotriz, en la biotecnología y en el cumplimiento laboral, fijando como irreductibles la protección ante la inversión asiática y la seguridad jurídica de las inversiones ante eventuales expropiaciones.
Canadá no parte de una premisa de corte hegemónica, sino de una visión más pragmática, el de la “estabilidad normativa y el comercio progresivo”, basada en el respeto de las normas e instituciones internacionales, así como de un comercio verde, por lo que sus puntos de negociación se centran en el arbitraje internacional fortaleciendo las reglas ya existentes, el fomento de un comercio con estándares ambientales y el intercambio económico inclusivo que favorezca a las comunidades, tasándolos también como sus irreductibles.
En el caso de México, su premisa es ya conocida, congruente con su tradición histórica y constitucional: el respeto a la “soberanía nacional”, que implica control estatal originario y no negociable; así lo definió en la Constitución de 1917, lo hizo valer en la crisis petrolera de 1938 y lo recoge en su actual política pública en materia de bienes nacionales. Los puntos de negociación están claros: movilidad laboral, incentivos al nearshoring, solución de controversias y sustentabilidad, estableciendo como irreductibles, todo lo relacionado con el control originario de la riqueza natural.
México tiene oportunidad, la agenda con los canadienses es trazable, al sustentarse en parámetros coincidentes como son los ambientales y de progresividad social. Quizá los puntos más álgidos, motivados por las actuales disputas legales en tribunales internacionales, serán los relacionados con los mecanismos de solución de controversias y la inamovilidad de las reglas para las inversiones, respecto de los cuales se estima que puede haber puntos de consenso como el agotamiento previo de litigios en sede local y el otorgamiento de contratos y concesiones públicas, transparentes, con definiciones claras en las que no se comprometa la soberanía nacional.
Por lo que respecta, a Estados Unidos, más allá de sus estrategias de presión, también los acuerdos se pueden alcanzar: en la construcción de cadenas de suministro y protección a la industria, en tecnología, en sustentabilidad, en flujo migratorio y en mecanismos de solución de controversias. Agenda, por cierto, no muy lejana a la canadiense.
El éxito para México será encontrar los espacios que permitan darle viabilidad y certeza a la inversión, sin comprometer el control del Estado sobre sus recursos. Lograrlo, implicaría refrendar la soberanía nacional.