Política criminal, pragmatismo eficientista de corto plazo

La seguridad en su connotación garantista se le concibe como la condición a la que debe aspirar el ciudadano para estar en posibilidad de desarrollar sus actividades cotidianas en plenitud, lo que obliga al Estado a implementar una política criminal que contenga las estrategias preventivas y punitivas que las ciencias criminológicas y las normas jurídicas le brindan acordes al tipo de delincuencia de que se trate, para lo cual es recomendable la inclusión de la sociedad en su diseño, instrumentación y evaluación.

Llevamos muchos años sin encontrar el rumbo en la política criminal, su énfasis se ha puesto en las acciones punitivas: incremento de penas, tipificación de nuevas conductas, prisión preventiva oficiosa, cateos, aseguramientos, retenes, intervenciones telefónicas, etcétera. Herramientas de naturaleza penal que, desde luego, son útiles y en algunos casos inclusive necesarias, pero no pueden ser el principal eje sobre el que se centre el combate a la delincuencia, mucho menos suponer que en la atención a la pobreza estará el antídoto definitivo para acabar con los criminales.

La prevención y la inclusión social son indispensables en la confección de la política criminal. Ejemplo de ello, es la cultura de la denuncia. En los años duros del combate a la delincuencia organizada en Italia, la ciudadanía se movilizó y denunció a los grandes capos, se les detuvo, enjuició y sentenció, no hubo impunidad. La ciudadanía recuperó su integridad personal y social, el Estado su identidad y vocación.

Desde luego que no le podemos pedir a los mexicanos asumir riesgos innecesarios que los pongan en peligro ante las represalias del crimen organizado, pero se requiere que crean en las autoridades y sus instituciones, en la eficacia de la denuncia, en la necesaria desaparición de la impunidad, en el respeto al Estado de derecho.

La ciudadanía está dispuesta; las redes sociales y los medios de comunicación han demostrado su capacidad para incidir en el accionar de los gobiernos de todos los niveles, transformado la denuncia ciudadana y los reclamos de justicia en resultados reales y tangibles, pero sólo en casos concretos de alto impacto social, económico y político.

Necesitamos redireccionar la participación ciudadana, son muchos los mexicanos que utilizan las redes sociales. Su uso consciente, oportuno, técnico y bien encausado podría implicar un mecanismo eficaz para el combate de algunos delitos como los relacionados con los levantones, el fentanilo, el narcomenudeo o los feminicidios, así como para transparentar la actuación de las autoridades e inhibir la corrupción que se tolera entre servidores públicos, abogados y criminales que ven en el cohecho un medio para su supervivencia.

Pero de nada servirá si las autoridades no se comprometen realmente a dar resultados. La simulación y el abandono no pueden seguir siendo la respuesta, se requieren acciones que materialmente se traduzcan en justicia, sólo así las instituciones podrán alcanzar la respetabilidad que tanto añoran.

De continuar por la vía de los pragmatismos eficientistas malentendidos que reinan entre muchas autoridades, escondidos en falsas políticas criminales, seguramente la aspiración de seguridad a la que tenemos derecho nunca se concretará. Ante la impunidad rampante, la justicia se alejará y el crimen organizado habrá triunfado.