Mientras en Palacio Nacional se insiste en que no hay ninguna relación entre seguridad y el T-MEC, los hechos parecen contar otra historia. El 30 de junio se venció el plazo de 60 días respecto a la solicitud presentada por EU para proceder contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, señalado por presuntos vínculos de protección al Cártel de Sinaloa. Apenas dos días después, la administración de Donald Trump decidió no avanzar en la ampliación del Tratado en los términos que esperaba el gobierno mexicano.
¿Coincidencia? No. Durante las semanas previas, Trump insistió en que la cooperación comercial dependería cada vez más de resultados concretos en materia de seguridad fronteriza y combate al narcotráfico. Sin decirlo, veía como una prioridad la extradición de Rocha y de los otros seis acusados. Hay que recordar que dos de ellos, el general Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad y de Finanzas de Sinaloa, respectivamente, se entregaron voluntariamente a las autoridades de EU.
Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, lo expresó con claridad: para Trump, el combate al narco tiene mayor prioridad que cualquier negociación comercial, incluida la revisión del tratado. La propuesta de complementar el T-MEC con un Tratado de Lucha Contra el Crimen (TLCC), que facilite extradiciones, intercambio de información y cooperación judicial, revela hasta dónde ha llegado la preocupación de Washington.
Sin embargo, para la presidenta Claudia Sheinbaum no existe una relación entre ambos temas. El problema es que, en EU crece la percepción de que México muestra resistencia cuando las investigaciones alcanzan a figuras políticas relevantes. Y el caso Rocha no es el único expediente abierto.
Esta semana, el Departamento del Tesoro volvió a señalar que organizaciones criminales utilizan recursos ilícitos para financiar campañas, además de influir en medios de comunicación y colocar funcionarios afines en posiciones estratégicas del gobierno. La respuesta oficial fue la misma: pruebas.
En ese contexto reaparece el caso de Sergio Carmona, empresario tamaulipeco asesinado en 2021, vinculado al huachicol fiscal, señalado en diversas investigaciones periodísticas como presunto financiador de campañas políticas de Morena. Aunque no existe una resolución judicial que acredite esto, el tema forma parte de las líneas de investigación que interesan a las agencias de seguridad de EU.
Y hay un tercer frente. Un reportaje de The New York Times señala que al menos una docena de políticos mexicanos (gobernadores, legisladores y funcionarios) habrían establecido comunicación con autoridades de EU para compartir información sobre presuntos actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Entre ellos, están el senador Adán Augusto López; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón.
Es un hecho que Trump quiere a los políticos mexicanos presuntamente ligados al crimen y, si le dio más importancia al tema de la seguridad que al propio T-MEC, seguramente buscará cumplir su palabra. Cuenta con información suficiente y, para algunos analistas, López Obrador y su hijo, Andy, podrían estar dentro de su interés político. Además de la información proporcionada por diversos actores políticos, también está la que ha dado Ismael El Mayo Zambada. A eso se refería el exembajador de EU en México, Ken Salazar, cuando hizo alusión a la preocupación de López Obrador.
Y como si la presión de EU no fuera suficiente, los cárteles mexicanos han comenzado a aparecer en la disputa geopolítica entre Rusia y Ucrania. Moscú sostiene que éstos habrían suministrado armas y drones al gobierno ucraniano, una acusación que Kiev negó de inmediato. Más allá de la veracidad, el dato es contundente: los cárteles mexicanos dejaron de ser un problema exclusivamente nacional o bilateral. Forman parte de conversaciones, acusaciones e intereses que involucran a potencias mundiales.
DE IMAGINARIA
El Ejército y la GN continúan consolidándose como piezas fundamentales de la estrategia de seguridad del Estado mexicano. En Sinaloa, dentro del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, fueron movilizados mil efectivos que se incorporarán a las operaciones que realiza la 9/a Zona Militar.
* Mientras tanto, en Guanajuato, el Ejército y la GN incineraron más de una tonelada de drogas y armas con un valor superior a los 10 millones de pesos.