Durante la ceremonia por el 106 aniversario de la Columna de la Legalidad —gesta en la que los cadetes del Colegio Militar escoltaron al presidente Venustiano Carranza de la Ciudad de México al puerto de Veracruz en mayo de 1920— el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, refrendó la lealtad de las FA a la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteró el compromiso de acompañarla en su encomienda de garantizar la seguridad de los mexicanos y el desarrollo nacional.
La reivindicación de lealtad ocurre en uno de los momentos más complejos para el actual gobierno que enfrenta una creciente presión de EU, tanto por el T-MEC como por los señalamientos en contra de políticos de Morena y su presunto vínculo con el crimen organizado.
El caso más delicado es el del gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, por la aparente protección política que les brinda Palacio Nacional, algo que ya se está volviendo insostenible. Hasta hace unos días se desconocía el paradero del mandatario. Versiones periodísticas apuntaron a una posible sustracción o de haber sido silenciado. Proceso publicó que inteligencia estadunidense había ubicado al gobernador en el Palacio de Gobierno de Culiacán, bajo un esquema de vigilancia aérea permanente y que posteriormente, fue trasladado en un helicóptero militar, con dos de sus hijos hacia Punta Mita, en Nayarit.
La Presidenta insiste en que Rocha sigue en Sinaloa, además de que rechazó cualquier posibilidad de que EU actúe unilateralmente, como ocurrió con El Mayo Zambada. Pero el problema ya no es únicamente jurídico, sino político y ante la incapacidad de Relaciones Exteriores para contener los embates, la confrontación con EU ha ido creciendo.
La decisión de la 4T para proteger al gobernador, al grado de ser exonerado mientras se quiere enjuiciar a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, por desmantelar un narcolaboratorio, ha provocado una mayor irritación en Washington. El director de la DEA, Terrance Cole, advirtió que lo de Rocha Moya es sólo el comienzo de algo peor: “Habrá más listas de narcopolíticos”.
Esa declaración no es menor. EU dejó de considerar al narcotráfico mexicano como un problema criminal y ahora lo trata como un asunto de seguridad nacional y terrorismo. Pete Hegseth, secretario de Defensa estadunidense, se sumó a la advertencia y dijo que si México no actúa contra los cárteles, su país lo hará. Donald Trump incluso insinuó de nueva cuenta la intromisión militar. “No en una guerra, pero sí para limpiar las ciudades. Eso no es guerra, es sentido común”, dijo.
El gobierno mexicano debería tomar en serio estas amenazas. Así comenzó con Venezuela y con Irán, y la CIA jugó un papel determinante.
Gobernación y Relaciones Exteriores saben que la presencia de agentes en nuestro país no es nueva. Lo distinto es que ya no se oculta con el mismo cuidado. Ha estado involucrada en la captura y posterior muerte de Rubén Oseguera El Mencho, el propio gobierno reconoció que inteligencia de EU fue clave y la CIA es parte de ella. Bajo esa misma lógica, resulta difícil creer que las capturas de Ovidio Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, hayan ocurrido sin la participación, monitoreo o asistencia tecnológica de la CIA.
CNN y NYT señalan que esta agencia tuvo qué ver con la explosión de una camioneta en Tecamac, cerca del AIFA, en la que murió Efraín Beltrán El Payín, del Cártel de Sinaloa. Si bien la CIA y el gobierno federal no lo van a reconocer, la FGR y el Edomex deben informar qué ocurrió, ¿o en este caso no se violó la soberanía?
En septiembre de 2025, Reuters informó ampliamente sobre la presencia de la CIA en México con el conocimiento del gobierno federal. El discurso soberanista empieza a entrar en contradicción.
DE IMAGINARIA
El huachicol fiscal podría convertirse en un nuevo frente de crisis para Sheinbaum. La FGR señaló que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando, presuntamente gozaban de la protección de su tío Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina. Aunque Ojeda no ha sido imputado, el escenario podría cambiar si Fernando Farías es extraditado de Argentina a EU. En Palacio Nacional preocupa que el caso escale y termine salpicando al expresidente López Obrador y otras figuras clave.