Cienfuegos, los contextos

Por esto llama la atención que la acusación de la Drug Enforcement Administration sobre el general Cienfuegos se asuma, por muchos, sin matices. ¿Acaso puede considerarse a la DEA como una institución sin agenda política e impoluta en materia del control de drogas, cuando en distintas ocasiones ha sido señalada en América Latina de sostener relaciones de complicidad con miembros del crimen organizado? La agencia de noticias AP y el diario Chicago Tribune han consignado, por ejemplo, el caso del agente Jose I. Irizarry, quien se declarara culpable de 19 cargos federales —entre ellos asociación delictuosa y lavado de dinero para un cártel colombiano—.

Asimismo, debe considerarse que la DEA es una agencia que, a la par de este cuestionamiento recurrente, actúa en un contexto en el que el gobierno estadunidense intenta poner cara de narcotraficantes y violadores a todos los mexicanos, con su muro fronterizo de por medio, en el marco de una cuestionable estrategia electoral de polarización política que se ha extendido desde 2016.

Por ello, con prudencia y sensatez debemos valorar la solidez de la evidencia que habrá de presentarse durante el juicio en los tribunales estadunidenses. Acusaciones y evidencias que podrían ser endebles y encontrarse en tela de juicio, si recordamos que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se declaró inocente de los cargos que se le imputan en la audiencia judicial realizada hace unos cuantos días en ese país.

Mucho de la cooperación binacional en contra del crimen organizado transnacional está en juego con ambos juicios, pero especialmente, con el caso de Salvador Cienfuegos, dado que el Ejército mexicano es la institución más importante en quien ahora se sustentan los esfuerzos para inhabilitar el trasiego de droga hacia Estados Unidos. De entrada, cabe preguntarse si la necesaria interlocución entre autoridades de la región de Norteamérica quedará seriamente lastimada en el mediano plazo, por la solicitud de la DEA de capturar al exsecretario de la Defensa Nacional con argumentos tan endebles.

También, Estados Unidos estará obligado a responder interrogantes sobre las previsibles cadenas de complicidad que operan entre autoridades y narcotraficantes en la parte norte de la frontera. ¿O acaso la venta de estupefacientes en las distintas ciudades de Estados Unidos se da en abstracto o los latinos controlan de manera exclusiva la internación, abastecimiento y distribución de droga?

Por ello, al igual que con otros casos, resulta deplorable la doble moral con la que se comportan las autoridades norteamericanas, dado que son parte fundamental del problema en la ecuación del consumo de drogas —ahora resulta que en su territorio no hay cárteles ni capos, sino sólo en México y Latinoamérica—, y lo son por la poca transparencia que existe en el actuar que tienen sus agentes en suelos distintos al estadunidense.

En ese sentido, bien valdría establecer un mecanismo de mayor rendición de cuentas para las labores que instituciones como la DEA desarrollan en territorio nacional, a fin de garantizar, con amplios grados de certeza, que éstas persiguen los mismos fines de legalidad y salud que nuestras autoridades militares y civiles. Debemos erradicar cualquier riesgo de tener un Irizarry en nuestro país.