Rumbo a 2027

Apenas comienza este 2026 y ya las agendas de los dirigentes de los partidos políticos y de los gobernantes se ubican en 2027, cuando habrán de realizarse las llamadas elecciones intermedias en las que los mexicanos elegiremos 17 nuevos gobernadores, 500 diputaciones federales, 16 alcaldes de la CDMX más otros 680 en el resto del país y mil 088 diputaciones locales, además de la segunda elección del Poder Judicial en la que se elegirá a la mitad de las plazas de jueces y magistrados (mil 700) que no fueron sometidas al voto popular en 2025. El clima social del país se irá calentando paulatinamente conforme avance este nuevo año.

Será la elección más grande en la historia de México.

Para la oposición será un reto lograr la mayoría en el Congreso y comenzar a “dibujar” su hoja de ruta rumbo a las presidenciales de 2030. Para Morena, su mayor desafío será mantener la unidad del movimiento ante la designación de candidaturas que representen lo que tanto han enarbolado: austeridad y honradez en el desempeño del ejercicio público.

Muchos son los factores que incidirán en el proceso que legalmente inicia en septiembre de este año, como lo será la discusión y el debate de la propuesta de reforma electoral del Ejecutivo. Pero hay un ingrediente nuevo que poco veían los políticos en el panorama inmediato del país: la cada vez más creciente presión del gobierno trumpista frente a los acontecimientos con los cuales arrancamos este año: la invasión a Venezuela y la captura de su presidente Nicolás Maduro. Las implicaciones para México están y estarán presentes por mucho tiempo. Y sin duda marcarán el rumbo político del país por más que se recurra al discurso de la soberanía.

Los cambios que experimenta nuestra región latinoamericana representan un “giro geopolítico” de dimensiones impredecibles e incalculables, por si se requiere de mayor incertidumbre. Ello traerá repercusiones inmediatas en los ámbitos político y económico, lo que modifica aún más los escenarios que se habían planteado los especialistas desde el año pasado, T-MEC incluido.

Para los que argumentan cuestiones de “derecho internacional” para rechazar las acciones bélicas estadunidenses a fin de quitar a Maduro del poder en Venezuela, vale la pena destacar que cuando se realizaron elecciones en ese país, en julio de 2024, y ante las pruebas presentadas por la oposición para documentar el triunfo electoral de su candidato Edmundo González, la comunidad internacional —con todo y el derecho existente en la materia— “volteó para otro lado”, haciendo cada vez más inoperante a organismos como la OEA y la ONU, que no tienen ya capacidad de negociación.

El sistema alrededor de Nacionales Unidas, que prevaleció desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta el año pasado, hoy ya no funciona. Pareciera que la historia ha perdido el juicio en este siglo XXI.

DENUNCIAS EN QUINTANA ROO

El sector empresarial de esa entidad, especialmente el dedicado a la Seguridad Privada, comienza el año con una serie de denuncias de extorsión por parte del actual director del Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados del gobierno estatal, Jaime Ongay Ortiz, quien por cantidades millonarias condiciona la entrega de los permisos a dichas empresas para operar. A aquellos que se niegan a hacer “el pago” se les clausura su negocio. Diversos testimonios llegados a esta columna contienen señalamientos, además del hostigamiento burocrático para presionar a las víctimas. Además del manejo legal y jurídico de los casos existentes, toda vez que ya se presentaron las denuncias correspondientes, los demandantes exigen la intervención del gobierno federal, el cual hasta los primeros días de ese año desconoce la situación que priva en esa parte del sureste del país, aun y cuando el gobierno estatal, conociendo la situación, ha hecho caso omiso a las demandas de los afectados.