La disponibilidad de precursores químicos que pudieran servir en el “mercado negro” para la fabricación clandestina en México de drogas letales como el fentanilo no es un hecho aislado, sino resultado de fallas regulatorias, continuidad operativa de redes para su importación y una débil coordinación entre sanciones internacionales y su aplicación local. Desde hace seis años, autoridades internacionales han advertido deficiencias en la supervisión de químicos esenciales, pero algunos casos muestran que dichas alertas no “cerraron” de manera efectiva los espacios de operación.
En 2023, Sumilab fue señalado por su presunta vinculación con el suministro de insumos a estructuras criminales. Para 2025, empresas sancionadas como Storelab, Favelab y Marcelab presentaron indicios de continuidad estructural con coincidencias en domicilios, teléfonos y vínculos comerciales. La documentación revisada sugiere que no operaban de forma aislada, sino como parte de un entramado compartido. Incluso, algunas de ellas han sido vinculadas a asociaciones del sector, lo que plantea dudas sobre sus mecanismos internos de supervisión y cumplimiento de las normas.
La continuidad del mercado alcanza al ámbito institucional. Un pedido del Instituto Tecnológico de Sonora muestra la compra de reactivos como ácido clorhídrico, metanol y acetona a un proveedor del sector. Asimismo, registros de contratación pública reportan adjudicaciones para el suministro de compuestos químicos de laboratorio mediante adjudicación directa, lo que indica que dichos proveedores siguen operando sin restricción alguna.
A ellos se suma que algunas estructuras han mantenido actividad mediante nuevas razones sociales. Es el caso de Suminorte, identificada como parte de estructuras asociadas a Sumilab, lo que refuerza la hipótesis de continuidad operativa más allá de las sanciones formales. En paralelo, la oferta por internet de sustancias reguladas con fichas técnicas, precios y mecanismos de contacto evidencia que los controles no están funcionando.
Especialistas en el tema advierten una falta de alineación entre las sanciones de autoridades estadunidenses como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y su implementación en México. Esa desconexión ha permitido que empresas sancionadas o vinculadas a redes de riesgo continúen operando sin restricciones. El problema de fondo es estructural: regular un mercado donde convergen industria, comercio digital y compras públicas, en un contexto donde el seguimiento a la cadenas de suministro sigue siendo el eslabón más débil.
EL CÁLCULO DE LOS PARTIDOS
En la definición de los principales partidos políticos de oposición rumbo a las elecciones de las 680 alcaldías en todo el país que estarán en juego el 6 de junio del año próximo, destacan algunas presidencias municipales por su importancia estratégica y por estar en entidades gobernadas por el partido oficial. Es el caso de Mérida, capital de Yucatán, que hoy gobierna la panista Cecilia Patrón Laviada, quien enfrenta los embates del morenismo a través de “encuestas a modo” que buscan “posicionar” a candidatos morenistas a la alcaldía rechazados por la ciudadanía. Patrón Laviada ha manifestado su interés de volver a contender a la presidencia municipal de la “ciudad blanca” para el 27, respaldada por los resultados obtenidos en año y medio de gestión: un eficiente Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ya aprobado por el Cabildo y al que sólo le falta el “visto bueno” del gobierno estatal, ahorros significativos y uso óptimo del presupuesto local que asciende a 6 mil 300 millones de pesos anuales, que le ha permitido ir cerrando la brecha social entre el norte y el sur de Mérida, además de un “gobierno de mujeres” que hoy ocupan los principales cargos de la administración meridana. “Si la gente así lo decide estaremos de nuevo en la boleta”, señala la alcaldesa.