Las viejas prácticas de habilitar policías “informales”, conocidos como “madrinas”, estarían reapareciendo alrededor de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Seis denuncias presentadas entre julio y septiembre de este año en cuatro entidades del país, describen el añejo mecanismo de intimidación contra empresarios y comerciantes: exigirles millones de pesos bajo la amenaza de “fabricarles” delitos e involucrarlos en investigaciones criminales.
El presunto retorno de estos sujetos plantea un problema que rebasa ya las exigencias económicas; se trata del uso indebido de una institución de justicia para someter a particulares, mediante individuos que “aseguran tener vínculos con funcionarios” y capacidad para activar o detener investigaciones judiciales.
Según el recuento documental obtenido por esta columna, en cinco de los seis expedientes aparece mencionado César Oliveros Aparicio, titular de la FEMDO, identificado en algunos relatos como El Profe.
Los denunciantes afirman que fueron obligados a pagar altas cantidades de dinero a cambio de no fincarles carpetas de investigación. En ellas figuran de manera recurrente los nombres de Luis Alberto Ortega Nazar, Christian Durán Ponce y José Roberto López Uscanga. Estos supuestos policías deben ser investigados, pues no acreditan por sí mismos los vínculos invocados.
El 8 de julio pasado, en Guadalupe, Nuevo León, un denunciante afirmó que cuatro individuos acudieron a su negocio para exigirle 2.5 millones de pesos, amenazándolo con “fabricarle” delitos relacionados con delincuencia organizada, huachicol y otros ilícitos. En Torreón, Coahuila, existe otra denuncia de 15 de julio (011026140516HHMCSSSS) que revela que tres sujetos, que dijeron ser empleados del fiscal Oliveros Aparicio, exigieron 5 millones de pesos en efectivo para “detener” una supuesta investigación por huachicol. En ese expediente aparecen Ortega Nazar, Durán Ponce y López Uscanga.
No muy lejos de la Ciudad de México, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la denuncia 15845-2026-4848 del 2 de julio pasado, refiere un presunto soborno por 6 millones de pesos por parte de supuestos funcionarios de la Fiscalía en la capital del país. El denunciante asegura haber sido obligado a entregar el dinero para evitar investigaciones por lavado de dinero, delincuencia organizada y huachicol.
Y tampoco se salvan los empresarios en la Ciudad de México. El 28 de agosto se presentó otra denuncia en Cuajimalpa (261001-96654) que describe amenazas contra un empresario de Santa Fe, así como otra del 18 de septiembre de este año, en la alcaldía Miguel Hidalgo (261001-96660), la cual menciona nuevamente a Oliveros Aparicio y a un sujeto que iba presuntamente armado.
El 29 de septiembre, hace menos de un mes, la carpeta con folio 261001-96672 da cuenta de que en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX, los presuntos extorsionadores eran enviados por El Profe, los cuales portaban tres armas aparentemente oficiales.
Es deber de la autoridad investigar dichas denuncias que representan un reto al propio Ejecutivo federal que ha manifestado el respeto a la ley y al Estado de Derecho, así como el trabajo de la propia Secretaría de Seguridad del gobierno federal, a cargo de Omar García Harfuch, para desarticular a las mafias del crimen organizado. Asimismo, la Fiscalía debe esclarecer si su nombre y el de su titular son utilizados por impostores, colaboradores “tolerados” o presuntos delincuentes con respaldo institucional.
Cifras recientes del organismo empresarial Coparmex, que preside Juan José Sierra Álvarez, revelan que el 20 por ciento de los casos de extorsión registrados contra empresas y comercios afiliados a la Confederación son cometidos de manera directa por autoridades corruptas o personas que se ostentan falsamente como funcionarios públicos; algo para preocupar.