Oaxaca: antesala de la revocación

A poco más de tres semanas de que se lleve a cabo el proceso de revocación de mandato en Oaxaca, el cual está previsto para finales de enero próximo, las decisiones administrativas previas ya encendieron las alertas. No por lo que ocurrirá en las urnas, sino por cómo se están tomando las decisiones rumbo al ejercicio.

El 24 de diciembre pasado, en pleno cierre de año, se realizó la licitación para la adquisición del material electoral que derivó en una adjudicación directa a la empresa Flexométrica, que forma parte de un consorcio junto con Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Gráficas Corona JE e Ideeo Labs, grupo investigado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades en licitaciones y documentación sin sustento fiscal o técnico.

El patrón es de sobra conocido: mismas razones sociales, misma representante legal (Arcelia José Natera Díaz de León) y los mismos nombres que el sector identifica como operadores visibles: José Antonio Carranza Sordo, José Antonio Carranza Fernández y Fernando Fernández.

Comparativos de precios, antecedentes y alertas técnicas existieron con antelación. La Contraloría, encabezada por Rosa Elia Vásquez Flores, no actuó.

Antes de que ocurra la revocación, las señales ya están ahí. Y cuando las decisiones cuestionables se toman antes del proceso, el riesgo ya no es electoral: es institucional.

EL “PLATO FUERTE” DE 2026

Comienzan a moverse las fuerzas políticas en el Congreso ante la próxima propuesta presidencial de reforma electoral que, en una primera etapa, la llamada Comisión Presidencial —que encabeza Pablo Gómez— deberá hacer llegar apenas iniciado 2026 las conclusiones de las consultas y foros realizados cuya finalidad será “afinar” la iniciativa, la cual deberá llegar a Cámara de Diputados a mediados de enero.

Hace apenas 15 días, el coordinador de la bancada morenista en la cámara baja, Ricardo Monreal, señaló que dicha reforma podría redefinir la integración de las Cámaras, entre ellas la propuesta de mantener 96 senadores en lugar de los 128 que hay ahora, así como reducir a 400 el número de diputaciones federales.

Para que la nueva ley electoral pueda normar los próximos comicios deberá aprobarse en ambas cámaras y en los Congresos locales a más tardar en mayo próximo, con el fin de cumplir con los 90 días que marca la ley antes de que arranque el año electoral 2027, en la primera semana de septiembre próximo.

Los acuciosos analistas políticos ya “perfilan” resistencias de los líderes partidistas opositores al oficialismo, pero también de los “aliados” al régimen ya que dicha reforma pone en riesgo su permanencia en el “espectro partidista” debido a que únicamente sirven de “satélites” al poder que los utiliza a su conveniencia. Hace unos días, con motivo de los brindis decembrinos en el Senado de la República, la Presidenta de ese órgano legislativo —la morenista Laura Itzel Castillo— calificó dicha reforma como el “plato más fuerte” de todo lo que se discutirá en el Congreso el año que está por iniciar y que “obviamente” no pretenden sacarla en fast track.

El gran problema de esa reforma será el apartado de los “plurinominales”. La orden de Palacio es que “desaparezcan” de tajo los 200 diputados y los 32 senadores que llegan por esa vía, pero sin duda que hay resistencias de los partidos Verde y del Trabajo y, sin sus votos en ambas cámaras, no se podrá aprobar nada. Por ello, en los próximos días se estará en la construcción del “mecanismo” que permita una “mejor distribución” que no ponga en riesgo las bancadas aliadas al oficialismo.

Por lo pronto, estimado lector, los seis partidos políticos con registro comenzarán a recibir a partir del primer minuto de mañana 5% más de presupuesto que lo que obtuvieron a lo largo de este 2025, lo que en total sumará 7 mil 773 millones 252 mil 697 pesos del erario.

¡A los ciudadanos sólo queda desearles a ellos un feliz Año Nuevo!