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La recomposición de un estado

Martín Espinosa

Martín Espinosa

 

 

Sumado a la descomposición del tejido social, que se profundizó durante la gestión del exgobernador panista Martín Orozco, la nueva gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, ha tenido que “batallar” desde octubre pasado con una serie de problemas heredados de la administración anterior, a tal grado que el Poder Judicial del estado ha reactivado el proceso penal que pesa contra Orozco Sandoval por los delitos de daño patrimonial, peculado y ejercicio indebido del servicio público.

Se habla de presuntas irregularidades, como la apropiación por parte del exgobernador de terrenos que le pertenecen al ayuntamiento, cuando era presidente municipal de Aguascalientes (2005-2007), por lo que el exfuncionario tendrá que ir a firmar los días 15 y último de cada mes al Sistema de Identificación Electrónica, ubicado en el edificio de Justicia Penal del Centro Estatal de Readaptación Social.

No es secreto que, durante su administración, el panista Orozco Sandoval gozó de una remuneración integrada mensual de 281 mil 365 pesos en su último año de gobierno (2021-2022), que concluyó apenas el pasado 30 de septiembre. Es decir, devengó un salario anual mayor al del presidente López Obrador, con un total de 3 millones 376 mil 376 pesos.

De ello, nada informó el exgobernador en la Plataforma Nacional de Transparencia ni en los sitios de rendición de cuentas de la Administración Pública estatal. Sin embargo, las cifras antes mencionadas aparecen en el Presupuesto de Egresos de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2022, aunque Orozco Sandoval siempre mencionaba que su salario neto mensual era de 129 mil 483 pesos.

En estos días, circula otro escándalo provocado por el exgobernador hidrocálido. Óscar Fernando González Martínez, quien fuera director general y propietario de la agencia automotriz López y González, segundo distribuidor de Nissan a nivel nacional, fue encarcelado y despojado de su patrimonio por cuestiones políticas durante la administración de Martín Orozco. Incluso, el denunciante del empresario, Hugo Castañón Mercado, ha presumido su “influyentismo” en el caso; integró a las investigaciones fotografías y audios con el exgobernador panista y en reuniones aseguró actuar bajo “la dirección” del exmandatario. La abogada de González Martínez, Jenny Marlene Hernández, ha denunciado —incluso— amenazas y violencia de género en su contra.

El empresario automotriz quedó privado de su libertad el 19 de marzo de 2020 bajo una serie de mentiras, violaciones a sus derechos fundamentales y mala fe por parte del ministerio público de Aguascalientes, Fernando Adolfo Padilla García, ya que éste le aseguró a González Martínez no ser imputado en “la investigación”, negándole siempre la audiencia y el acceso a la justicia. Sin embargo, al justificar las órdenes de aprehensión, le mintió a la jueza al asegurar que el empresario “se encontraba desaparecido”.

Actualmente, existe un amparo en donde se han hecho valer todas las violaciones procesales del caso, por lo que la abogada defensora ha solicitado la realización de un análisis exhaustivo para reponer dicho procedimiento en otra jurisdicción frente al evidente tráfico de influencias “cobijado” por el exgobernador Orozco. La familia del empresario y su abogada solicitarán al presidente López Obrador y a la Suprema Corte de Justicia atraer dicho amparo y “que quede en evidencia toda esta corrupción que se ha vivido en Aguascalientes, a fin de realizar una investigación en contra de quienes dicen haber actuado por órdenes del exgobernador Martín Orozco, así como contra el propio panista”, señalaron los afectados.

 

SEGUIRÁN LOS “DIÁLOGOS POR MÉXICO”

Al líder morenista, Mario Delgado, no le cayó nada bien que su par priista, Alejandro Moreno, Alito, comenzara una serie de recorridos por el país a través de Diálogos por México, con el fin de promover a sus aspirantes presidenciales para el 2024. Buscó ante el INE una sanción con medidas cautelares, pero la petición no prosperó. De ahí su “coraje” contra los consejeros electorales, a los que buscan cambiar con su reforma.

 

 

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