Incompetencia contra eficiencia

Por una simple denuncia anónima, las autoridades marítimas detuvieron las operaciones de la compañía de ferries Transcaribe, a pesar del buen estado de sus embarcaciones. Mientras tanto, este hecho está siendo aprovechado por la naviera Ultramar para encarecer el transporte de materias primas y alimentos en los litorales del estado de Quintana Roo.

Desde hace 15 días, Transcaribe está siendo detenida por un papeleo sin fin, burocracia, pues, a pesar de que es la única alternativa frente a Ultramar, una compañía que ha sido relacionada con el político priista Emilio Gamboa y que ha sido castigada repetidamente por prácticas desleales y monopólicas por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Aprovechando el momento actual, la empresa Ultramar está obligando a firmar contratos de exclusividad y, con ello, aumentar sus precios de transportación. En pasillos de la Secretaría de Marina (Semar) se dice que las operaciones de Transcaribe fueron suspendidas por una denuncia anónima de un supuesto usuario, a pesar de que la propia dependencia entregó todos los permisos y reconoció el excelente estado de todas sus embarcaciones.

Desde hace 20 años, Ultramar ha usado prácticas desleales para eliminar la competencia y ha utilizado a las autoridades como “herramienta” de sus cuestionables estrategias. En Isla Mujeres, mediante amparos, no permiten a la naviera Jetway utilizar los muelles, mientras que la empresa Marítima Isla Mujeres también fue detenida y eliminada del mercado mediante el mismo método de llamadas anónimas, las cuales se “toman como verdaderas y dignas de crédito” por parte de las autoridades.

Los usuarios siguen reclamando por el monopolio de Ultramar en Quintana Roo, donde, al parecer, la promesa hecha en campaña por el presidente López Obrador de apoyar el cabotaje y mejorar las prácticas de competencia no ha sido comprendida.

POLÍTICAS EFICACES…

Hace poco más de 11 años, bajo la administración de Marcelo Ebrard en la CDMX, se constituyó el Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México (CESA), que hoy preside Claudia Sheinbaum y dirige con acierto Leonor Gómez Otegui. El organismo, de carácter constitucional, está integrado por cinco sectores: organizaciones de la sociedad civil, profesionistas especializados, trabajadores, empresarios e instituciones académicas. Participan, además, representantes de las 16 alcaldías de la capital, siete secretarías y una representación del Congreso capitalino.

Entre los aciertos, coordinados por Gómez Otegui, destaca la recuperación económica de la CDMX tras la pandemia, con proyectos tales como potenciar la Zona Industrial de Vallejo, con un Consejo Consultivo que, además de agrupar a la iniciativa privada, incluye a cuatro instituciones académicas: la Universidad Panamericana, la Unitec, la UAM y el Instituto Politécnico Nacional. La inversión para la zona supera los 5 mil millones de pesos, que incluye un Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CDIT), que alberga, entre otros, un Centro de Almacenamiento y Procesamiento de Datos de clase mundial.

Será una excelente oportunidad para las empresas, tanto nacionales como extranjeras, por el potencial logístico que ofrece la aduana de Pantaco, única en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que conecta con los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y Coatzacoalcos, así como con los puntos fronterizos de Nuevo Laredo y Ciudad Juárez.

El compromiso de la administración de Sheinbaum es recuperar la vocación industrial de la zona de Vallejo, con la lógica de ser una ciudad innovadora y de derechos, donde el desarrollo económico de las personas y de las empresas no sacrifique el medio ambiente o los costos de vida, como la vivienda, al aprovechar en todo momento el potencial de la ciencia y la tecnología.