El conflicto de Dos Bocas

Un grupo de empresas utilizadas por el empresario Juan Carlos Tapia para evadir inhabilitaciones y escándalos por su relación directa con el caso Odebrecht y con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se coloca como el “consentido” en la construcción de la refinería Dos Bocas, con aportaciones que suman más de 400 millones de dólares.

Citapia, de Juan Carlos Tapia, fue señalada por la presunta entrega de dinero en efectivo a legisladores que, en su momento, aprobaron la reforma energética, así como con el otorgamiento de contratos de Pemex y Odebrecht; aunque se asegura que al presidente Andrés Manuel López Obrador le han escondido la información.

El primer contrato, con folio PTI-ID-S-007-2019, que el propietario de Construcciones Industriales Tapia (Citapia) obtuvo en 2019, fue a través de la razón social Mexicana de Recipientes a Presión, S.A. de C.V. para desarrollar el paquete 6 de la obra en el municipio de Paraíso, Tabasco, por la cantidad de 78.4 millones de dólares.

Mexicana de Recipientes a Presión fue constituida el 22 de enero de 2007. Según su acta constitutiva, el accionista principal es Juan Carlos Tapia, quien es acompañado por dos accionistas minoritarios: su hermano Gilberto Juan Tapia Vargas y otra persona de nombre Selene Martínez Abarca.

Debido a los escándalos de Odebrecht se inhabilitó al empresario, por lo que el 18 de noviembre de 2020 deciden cambiar el nombre de la compañía a Procesos Especializados y Proyectos, S.A. de C.V., una firma que se identifica como Proesa.

Proesa es actualmente la propietaria del 80 por ciento de las acciones de la compañía Manufactura Especial y Proyectos Industriales (MEPI), Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, también subcontratada para participar en la construcción de la refinería tabasqueña.

Es común observar a trabajadores con overol de MEPI en Dos Bocas, así como maquinaria y camiones que portan el logotipo de esa empresa, creada el 7 de diciembre de 2020 en Coatzacoalcos, Veracruz. A plena luz del día y sin ningún pudor, Tapia –su propietario real– se pasea por la obra, a pesar de que tiene interpuestos varios amparos para evitar que se le detenga por una investigación de huachicol, pues en su contra ya pesan diversas indagatorias por haberse encontrado tomas clandestinas de combustible en su planta.

El responsable de entregar estos cientos de millones de dólares a las empresas de los Tapia es, otra vez, Leonardo Cornejo Serrano, encargado de la construcción de la refinería Olmeca en su calidad de subdirector de Proyectos Industriales de Pemex.

Hay que recalcar mucho la pregunta: ¿Quién lo apoya? ¿Nadie en la 4T sabe el historial de este personaje?

La jefa de Cornejo Serrano es la secretaria de Energía, Rocío Nahle, responsable del proyecto de la refinería. Como diputada de Morena, en varias ocasiones presentó puntos de acuerdo para castigar a los participantes del caso Odebrecht; sin embargo, en pocos años todo cambió y este caso se perfila para ser uno de los escándalos de corrupción más relevantes del actual sexenio.

CANDIL DE LA CALLE

Se comenta en Jalisco que algunos diputados del Congreso estatal usan sus cargos para atender caprichos personales, alejados del verdadero interés público. Es el caso de la diputada morenista María de Jesús Padilla Romo, quien acaba de presentar una iniciativa –sin estudio de impacto presupuestal– para elevar las sanciones por el delito de robo de automóviles de “alta gama”. El tema, comentan, parecería normal, de no ser porque la legisladora acaba de comprarse un vehículo de este tipo a “precio de ganga”, vía una triangulación con la empresa de su amigo Carlos Lomelí.