El arte de gobernar

Con acierto señalan los teóricos de la política que “poder sin democracia es autoritarismo”. En democracia, toda forma de manifestación del poder público se encuentra controlada por los llamados “contrapesos” a fin de evitar su abuso y vigilar que se ejerza con base en un sistema público que las sociedades se han dado y que se traduce en instituciones y atribuciones, siempre limitadas y perfectamente establecidas en normas de convivencia para evitar un autoritarismo de Estado.

Nuestro país tiene una larga historia en la lucha para hacer de la democracia nuestro sistema público de vida, fundado en un régimen de libertades, igualdad, bienestar y equidad. De ahí que cualquiera que en México pretenda ejercer el poder público debe hacerlo en el marco de la Constitución y de las instituciones que, al no ser resultado de un capricho político o alguna utopía ideológica, son el resultado de décadas de lucha y aprendizaje.

Hoy se llama a la unidad, pero se desdeña al que piensa diferente, se descalifica a quien no está de acuerdo con quien toma las decisiones y no se escucha la voz de quienes han perdido a un familiar en medio de la violencia que sacude varias regiones del país. Por ello, hay que recordar que la democracia es el único sistema de gobierno que nos permite articular los diferentes intereses existentes en la sociedad, al tiempo de encontrar el diálogo que permita los acuerdos mínimos necesarios para solucionar los problemas comunes.

Se trata de “poner sobre la mesa” un método eficaz con que cuenta la sociedad: la deliberación, que no es otra cosa que escuchar todos los puntos de vista, persuadir, argumentar y decidir. En la democracia nadie tiene el poder absoluto ni el mando unipersonal. Si no, no es democracia.

La descomposición de las sociedades no es un fenómeno inevitable ni irreversible. Existe hoy lo que llaman la “resiliencia democrática”, la cual tiene como “punta de lanza” la defensa y el respeto de la Constitución Política y el activismo de los partidos de oposición. Pero también es necesaria –sobre todo– la participación decidida de la ciudadanía que hoy reconoce y apoya a instituciones como el INE, el cual es una de las instituciones públicas civiles mejor evaluada.

El cumplimiento de la ley no puede ser algo optativo ni una decisión al capricho de los gobernantes. Eso es precisamente lo que nos hace iguales y dota de derechos, al tiempo de establecer obligaciones. No existe nada más equilibrador y garantista que el cumplimiento de la ley por todas y todos, sin importar filiación ideológica o partidista. En ello radica el fortalecimiento de las instituciones públicas.

La política no tiene por qué influir en todas las decisiones, menos en aquellas que tienen que ver con la salud y el bienestar de la sociedad. Un ejemplo de ello ha sido la “politización” de la seguridad pública, tema que no debe responder a una ideología ni a una creencia, sino a diagnósticos técnicos, objetivos y certeros, sobre las condiciones en las que viven comunidades enteras en todo el país. La principal tarea del estado en la materia debe de ser la de proteger y salvaguardar vidas, así como garantizar las condiciones necesarias para una vida productiva.

De nada sirve presentar cifras en las que se presume que cada vez más hogares dependen de la ayuda gubernamental, porque ello significa que el Estado ha sido incapaz de dotar de las herramientas necesarias a la sociedad para que cada vez haya más oportunidades de empleo y educación.

La mejoría de las condiciones sociales no debe ser calificada como muestra de “ambición ni egoísmo”, sino como un incentivo para fortalecer nuestra fuerza laboral y transitar hacia una economía del conocimiento que nos permita salir del estancamiento observado en la última década. Solamente así seremos un país mejor preparado para los nuevos tiempos y retos que se avecinan en el mundo.