Competencia en riesgo

En México, el combate a la corrupción no puede ser consigna sexenal ni un recurso discursivo. Debe traducirse en actos verificables, sobre todo en áreas sensibles como la contratación pública, en la que se manejan miles de millones de pesos del erario. Por ello, merece atención la denuncia presentada el pasado 4 de febrero por una empresa de seguridad privada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador petista Ricardo Mejía Berdeja.

Lo que ahí se expone apunta a posibles irregularidades en procedimientos de contratación de diversas dependencias federales. El señalamiento central es delicado: la presunta utilización de requisitos técnicos que no necesariamente guardan relación directa con los servicios a contratar, pero que sí tienen el efecto de limitar la competencia.

Entre dichos requisitos se encuentran certificaciones como la ISO 17024 y la ISO 55001, ambas bajo estándares internacionales. El problema no es la certificación en sí, sino que se soliciten en una licitación pública nacional en la que, además, sólo existe un organismo facultado para emitirlas. En los hechos, eso reduce el “universo” de competidores.

A esto se suma la exigencia de cursos sobre seguridad e integridad de los migrantes y respeto a sus derechos humanos en territorio nacional. Son materias fundamentales para la política migratoria del país, pero no forman parte de las funciones propias de una empresa de seguridad privada. Esa responsabilidad recae en el Instituto Nacional de Migración. Cuando estos elementos se incorporan como condiciones obligatorias en una licitación, surge una pregunta legítima: ¿Se busca elevar estándares o restringir la participación?

De acuerdo con la denuncia, este esquema beneficiaría a un grupo específico de empresas, entre ellas Serprosep. Si se suman los montos de las licitaciones señaladas, la cifra supera los 5 mil millones de pesos. No se trata de montos marginales. Además, no sería un caso aislado. Se advierte que este “patrón” podría replicarse en convocatorias de IMSS-Bienestar, ISSSTE, Secretaría de Salud y el propio Instituto Nacional de Migración. De hecho, en el caso de migración, la licitación ya fue publicada y puede consultarse en la plataforma Compras MX.

Aquí el tema de fondo es la confianza. La contratación pública debe regirse por principios de libre competencia, equidad y transparencia. Cuando los procesos generan dudas, la credibilidad institucional se resiente. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso con la legalidad y la “cero tolerancia” a la corrupción. Este caso ofrece una oportunidad para revisar con rigor los criterios técnicos que se están utilizando en las licitaciones y, en su caso, hacer las correcciones necesarias. Porque cada requisito injustificado no sólo excluye empresas; también reduce opciones para el Estado y encarece los servicios contratados.

Fortalecer el Estado de derecho implica asegurar que las reglas del mercado público sean claras y parejas. México requiere procesos de contratación que fomenten la competencia, no que la limiten. Al final, la pregunta no es si debe haber requisitos, sino si esos requisitos están justificados o si terminan sirviendo a intereses particulares. Y la respuesta sólo puede darse con transparencia y revisión puntual de los procesos.

INE, SÓLIDO Y EFICIENTE

Durante la firma del convenio de colaboración entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Instituto Nacional Electoral para la utilización de la aplicación móvil del organismo con el fin de canalizar la afiliación de militantes al padrón del tricolor, el dirigente priista Alejandro Alito Moreno advirtió que “nuestra democracia necesita un instituto sólido, eficiente, con suficiencia presupuestaria y capaz de desempeñar sus funciones de manera adecuada y con plena independencia”.