Todos coludos o...

Con motivo de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Tránsito del DF ha surgido la inconformidad de gran parte de la población, no por las normas en sí mismas, sino por la manera en que son aplicadas desde hace más de un mes en el que han sido detectados errores a la hora de infraccionar a los automovilistas, lo que “orilló” a las autoridades a “ceder” a las presiones de algunos legisladores de la Asamblea Legislativa de la capital que piden una consulta entre los ciudadanos del polémico ordenamiento vial; anuncian que los “primo-infractores” sólo serán amonestados.

Querer “distraer” la inconformidad ciudadana con el fácil argumento del “linchamiento” político es una mala estrategia que poco le ha beneficiado al gobierno de Miguel Ángel Mancera, hoy empecinado en buscar la candidatura presidencial del maltrecho PRD para el 2018.

Más bien, la irritación popular radica —y eso no lo han querido ver las autoridades— en los contratos subrogrados poco claros firmados entre el Gobierno del Distrito Federal con empresas privadas que son las encargadas de instalar la infraestructura tanto para los llamados “radares de velocidad” como para los que “vigilan” que los automovilistas lleven el cinturón de seguridad, no hablen por celular mientras conducen y no lleven a menores de edad en los asientos del copiloto. De cada multa que “proceda” las empresas se llevan 46 centavos de cada peso cobrado a los automovilistas infractores. Nada más ni nada menos.

Uno de los argumentos que ha dado la autoridad ha sido la “necesidad” de bajar los niveles de muertos y lesionados que dejan a diario percances que ocurren en el DF por conducir a exceso de velocidad o por ir hablando por el celular.

Sin embargo, poco le creen los ciudadanos porque los principales responsables de tales percances automovilísticos son los choferes del transporte público que, con reglamento o sin él, siguen haciendo “de las suyas” sin que haya una autoridad que quiera meterlos al orden debido a que son “gremios” que de años han sido “utilizados” como botín político de algunos partidos en época electoral.

Es más, esos grupos manejados desde los “liderazgos” populares han llegado al cinismo de imponer a los funcionarios encargados del transporte de la Ciudad de México, no sólo para impedir que los “toquen” sino para ampliar su “influencia” y poder en la política de la capital. Aunque lo nieguen públicamente.

Por eso nadie cree el argumento de que con las nuevas disposiciones se “busca salvar vidas”. Baste ver la forma en que siguen conduciendo a estas alturas los choferes de microbuses y autobuses, sean concesionados o de la Red de Transportes de Pasajeros, principales causantes de los accidentes que ocurren en el DF. Sólo la autoridad es la que no quiere percatarse del caos vial que se genera en todos los paraderos donde dicho transporte “hace base” en cualquier rumbo de la capital.

A ellos nadie los sanciona, no hay radares de velocidad que valgan. Si de verdad quisieran disminuir los percances en beneficio de los ciudadanos ya hubieran puesto radares y cámaras en todos los paraderos de la Ciudad de México. No sólo habría más dinero del que han recaudado hasta ahora sino le cambiarían “el rostro” al transporte público, hoy por demás ineficiente, en la capital del país.