Los años de vida perdidos

El mayor sentido que puede tener la idea del bienestar en cualquier sociedad se encuentra en el hecho de que su población viva el mayor número de años posibles, en las mejores condiciones posibles, dados los recursos y capacidades existentes. Esto es importante, porque puede darse la paradoja, como ocurre en México, que la población viva muchos años, pero que lo haga en condiciones de precariedad social y con una salud deteriorada.

El impacto de la pandemia de covid-19 agravó esa situación y llevó a la pérdida de años en la esperanza de vida al nacer, generando un retroceso que nos colocó en 2020 y 2021 a niveles similares a los que había en 1970. Si bien es cierto que se trata de un impacto coyuntural no puede desestimarse, pues implica una condición crítica que significó cientos de miles de defunciones en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el Inegi, en 2020 la esperanza de vida al nacer fue de 68.9 años para la población en general (64.8 en hombres y 73.5 en mujeres); para 2021 fue de 68.8 (64.9 en hombres y 73.1 en mujeres). Para 2022 el indicador se recuperó llegando a 75.2 años en general (72.1 años para los hombres y 78.5 para mujeres). Para 2023 llegó a 75.3 años (72.3 para hombres y 78.6 años mujeres).

De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Salud, publicado en 2017, en México se perdían, en promedio, 11 años de vida saludable, de los cuales 8.5 años podía atribuirse a las enfermedades crónico-degenerativas, mientras que el resto a secuelas de otras enfermedades, accidentes y violencia.

Ese estudio no se ha actualizado, pero dada la precarización del sistema de salud, así como la caída en los niveles de afiliación que se ha registrado en los últimos años, lo previsible es que las condiciones hayan empeorado y que el número promedio de años que pierde la población con posibilidades de una vida sana y digna se haya reducido aún más.

Los datos del Inegi muestran que efectivamente la pobreza y la marginación tienen un severo impacto en la esperanza de vida de las personas. De esta forma, en 2022, la esperanza de vida para las y los mexicanos se ubicó, en promedio, en 75.5 años; pero en Yucatán fue de 75; en Veracruz, de 74.9; en Chiapas, de 74.6; en Oaxaca, 74.5; mientras que en Guerrero fue de 73.6.

Para quien resulte ganadora de la Presidencia de la República este debe ser uno de los temas prioritarios e impostergables. Deberá de inmediato establecer medidas para que, desde el proceso de la transición de gobierno, que en esta ocasión será el más corto en los últimos 50 años, se construyan los cimientos no sólo de un nuevo sistema nacional de salud, sino de una nueva política social que tenga como objetivo central el cumplimiento de los derechos humanos.

Reducir la enfermedad en exceso evitable, erradicar el hambre, reducir la violencia, son tres de las metas que debemos plantearnos en el corto plazo, porque además es posible hacerlo. Pero ello exigiría la modificación de las prioridades y criterios de gasto, redistribución efectiva de competencias, así como nuevas estrategias de desarrollo regional más allá de lo económico-productivo.

De acuerdo con el Inegi, entre 2019 y 2022 fallecieron en el país 3 millones 904 mil 123 personas, esto implica un promedio de 976 mil123 casos por año, o bien, un promedio de 2 mil 674 casos por día, es decir, casi dos defunciones por segundo. Se trata de una realidad que ha llenado de tristeza y desesperanza al país, y que no puede continuar por el mismo sendero.

México necesita reconciliarse, pero para ello se requieren gobiernos defensores de una vida digna para todos los habitantes del país; gobiernos capaces de comprender que la existencia humana es corta y que no es ético transitarla en la carencia, la violencia y la muerte excesiva.