Otro futuro posible
Los partidos políticos están en deuda con el país, desde hace ya varios años, en tres cuestiones fundamentales: 1) representar legítimamente a la ciudadanía y al interés superior del país; 2) promover la democracia y contribuir a la consolidación de un régimen auténticamente democrático; y 3) abrir canales de participación política para la construcción de liderazgos éticos, capaces de darle rumbo y sentido al país.
En buena medida, eso fue lo que perdimos, hace ya 23 años, con el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Su presencia en el escenario político era relevante justamente por eso: porque mostraba que era posible generar un régimen político
basado en el mérito, el trabajo y el esfuerzo.
La cancelación de esta posibilidad, por la vía más infame, nos colocó en la antesala del primer capítulo de una crisis recurrente, que se ha reproducido estructuralmente desde los años 80, pero que, al mismo tiempo, fue recrudeciéndose y profundizándose justamente a partir de 1994.
A la conspiración antidesarrollista —como le llama Rolando Cordera— se le fueron adhiriendo peligrosos fenómenos que hoy nos tienen al borde de un posible caos que es necesario evitar a toda costa. Violencia sin precedentes del crimen organizado; corrupción a niveles que rebasan los del escándalo; enfermedad y muerte por todos lados…
La irrupción de las redes sociales ha generado, en medio de todo este desorden, una ventana de oportunidad para darle visibilidad a los infinitos dilemas que nos aquejan, pero no son suficientes ni lo serán. La necesaria democratización de la vida institucional queda aún pendiente y en ello, también la democratización de todo el espacio público es impostergable.
Por ello la relevancia de la propuesta planteada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, mediante la cual plantea que los partidos políticos, independientemente de sus posiciones ideológicas (si es que todavía las tienen), asuman una agenda compartida de temas ineludibles a ser abordados en la próxima administración.
Es decir, democratizar la vida pública implica generar los consensos necesarios para construir una agenda que responda al interés general: abatir la pobreza, reducir la desigualdad, erradicar la discriminación, extirpar la corrupción del sector público, consolidar un sistema de justicia verdaderamente accesible, construir un nuevo sistema de bienestar social dirigido al cumplimiento integral del artículo 1º constitucional, y en general, asumir a la democracia como un sistema de vida para la inclusión y la protección de la dignidad humana.
Indignación es el concepto que recorre todos los ámbitos de la discusión nacional; lo cual nos obliga a una actuación indeclinable apegada a principios: defensa de las libertades, exigencia de justicia, lucha por la igualdad y un esfuerzo constante de generosidad con el país y fraternidad entre las personas.
Ya no tenemos tiempo; y no podemos simplemente asumir que nuestros hijos no podrán acceder a mejores niveles de vida que los nuestros. No podemos aceptar que el destino inevitable para los más pobres es nacer y vivir permanentemente en la carencia; y para los ricos, una vida de privilegios protegidos y sostenidos a costa de la vida y la felicidad de la mayoría.
La cuestión es clara: o nos decidimos a promover desde los espacios de autonomía que aún nos quedan: las universidades públicas, la prensa libre, internet y las redes sociales, la organización y movilización ciudadana; o cínicamente aceptamos que no hay nada más que hacer y asumimos, como lo plantearía el filósofo Cioran, que no queda más que sentarnos a rumiar el tedio hasta que nos llegue la muerte.
Son tiempos para las definiciones; y encaramos una disyuntiva que exige lo mejor de nuestro país. Necesitamos la actuación decidida de quienes hoy tienen el deber de actuar como constructores de país. Pero eso exige poner a la ética antes de los intereses, y a la congruencia como norma de actuación política cotidiana.
Ante la desolación, es otro futuro lo que está en juego. Asumamos la responsabilidad de construirlo.