La obesidad, un reto para la política social

Una ruta alternativa consiste, precisamente, en replantearnos preguntas elementales, porque lo que tenemos enfrente es que a pesar de las campañas informativas de los programas de prevención del sector salud y del constante tratamiento del tema en medios de comunicación, no hemos logrado detener la pandemia de obesidad que aqueja al país.

En ese sentido, deberíamos preguntar una vez más desde el inicio: ¿Qué es lo que debe ocurrir para que una persona, en la edad que sea, padezca sobrepeso u obesidad? Esta simple pregunta encierra una gran cantidad de cuestiones que no están necesariamente vinculadas con el sector salud.

Si la cuestión es planteada desde un enfoque de derechos humanos, se complejiza aún más, porque obliga, en congruencia con el mandato constitucional, al rediseño de todo el sector social del gobierno. Por ejemplo: para que una persona llegue a la obesidad y el sobrepeso pueden conjugarse, al menos, los siguientes elementos.

En primer lugar, hay un claro incumplimiento del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria, es decir, la epidemia de obesidad tiene que ver con la desarticulación y fractura del mercado de producción, distribución y venta final de alimentos sanos e inocuos, lo que en el mundo de la vida cotidiana se traduce en la contradicción relativa a que nos invitan a comer frutas y verduras, pero la disponibilidad de éstas en términos de calidad, precio y oportunidad es limitada para la mayoría de la población.

En segundo lugar, se encuentra la baja disponibilidad de agua potable en el interior de los hogares, hecho que ya en sí mismo implica severas limitaciones para la preparación de alimentos sanos e inocuos, a lo cual debe agregarse que en el 15% de los hogares no se dispone de refrigerador (casi 4.8 millones de hogares), lo cual limita también la posibilidad de conservar alimentos.

En tercer sitio se encuentra el costo de los alimentos, pues de acuerdo con los datos del Inegi y del Coneval es uno de los capítulos de gasto en que mayores incrementos se han registrado entre los años 2004 y 2015, de tal forma que, según la Encuesta Intercensal, casi en el 20% de los hogares donde hay niños, alguno de ellos tuvo poca disponibilidad de alimentos por falta de recursos económicos.

A ello debe agregarse la muy escasa disponibilidad de parques y jardines y, en general, de espacios seguros para la activación física de la población, la cual vive ya casi en un 80% en entornos urbanos.

Lo anterior se vincula con las condiciones de inseguridad pública y las medidas que toman las familias de no salir a caminar o ejercitarse en espacios públicos ante la realidad de que, según el Inegi, en 2015 se cometieron casi 30 millones de delitos.

El otro conjunto de factores se ubica en el nivel individual y la formación de hábitos saludables: reducir el consumo de bebidas azucaradas, de harinas, de bebidas alcohólicas, de tabaco y otros productos obesogénicos es un tema que compete a las personas, porque si bien es cierto que la diabetes lleva a la muerte primordialmente a quienes tienen menores ingresos, lo es también el hecho de que ni ese padecimiento ni las enfermedades hipertensivas distinguen condición socioeconómica.

Aún más, las mayores tasas de mortalidad y morbilidad por diabetes e hipertensión no se encuentran en los estados más pobres, lo que no hace sino evidenciar otra de nuestras contradicciones: somos un país que se debate entre la opulencia de muy pocos y el hambre y la enfermedad de las mayorías.