El 27 de enero del 2015, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam convocó a conferencia de prensa por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Iguala, Guerrero, ocurrida 3 meses atrás. Allí, frente a los medios de comunicación, Murillo habló por primera vez la verdad histórica, un supuesto recuento de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014. La versión oficial sostenía que los muchachos habían sido, cito, privados de la libertad, privados de la vida e incinerados, en ese orden. Esa versión, que las madres y padres de los normalistas rechazaron de inmediato, no sólo eximía al Ejército, sino también al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre, hoy detenido, así como a autoridades federales. El primer peritaje independiente, realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, contrastó radicalmente con la verdad histórica: no se encontró evidencia física de que restos humanos hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula. El procurador cansado tenía mucha prisa por darle carpetazo a la llamada noche de Iguala.
Este lunes, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, informó sobre nuevas líneas de investigación que fueron previamente compartidas con las madres y padres de los jóvenes. Los principales hallazgos: tras la revisión de llamadas telefónicas se encontró que el dueño de la funeraria El Ángel, quien además era concesionario del Servicio Médico Forense, habló esa noche con integrantes de la delincuencia señalados por su participación en la desaparición. En total, estas personas se comunicaron en ocho ocasiones sólo esa noche.
Otro hallazgo: los celulares de los normalistas siguieron siendo utilizados meses después de su desaparición. Uno de ellos por un policía municipal que estuvo en servicio la noche del 26 de septiembre; otro por un familiar cercano a Ulises Bernabé, el juez cívico de la barandilla hoy asilado en Estados Unidos, a donde, hoy sabemos, trasladaron a los muchachos esa noche; y otro más, utilizado nada más y nada menos que por el dueño de la funeraria, Rodolfo Rueda.
Lo que evidencian estas nuevas líneas de investigación es una red criminal y de complicidades estatales y municipales que alcanza tanto a prestadores de servicios como a autoridades. Al cierre del sexenio anterior se tenían 145 procesos penales abiertos contra miembros de Guerreros Unidos, elementos del Ejército, policías, el expresidente municipal y exfuncionarios de la PGR, entre ellos Murillo Karam y Tomás Zerón. A esto se suma la detención de 30 personas en los últimos dos años, entre las que destaca Lambertina Galeana, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado y el exgobernador Aguirre Rivero, señalado por instruir la destrucción de las cintas de seguridad del tribunal que habrían captado a los jóvenes.
A propósito de Zerón de Lucio, ayer la presidenta Sheinbaum informó que ella misma le envió una carta al presidente de Israel, en donde el extitular de la Agencia de Investigación Criminal se encuentra escondido, para acelerar su extradición. De igual manera, solicitó a Marco Rubio, secretario de Estado de EU, la extradición de Ulises Bernabé. En ambos casos, para que los señalados enfrenten los procesos judiciales en su contra, y, en su caso, aporten elementos que aceleren la investigación.
Ayotzinapa es una herida abierta para México y en especial para el estado de Guerrero. En 2014, quien escribe estas líneas tenía 17 años y asistió por primera vez a una marcha por la indignación que provocó la desaparición de 43 estudiantes en su estado natal, y por la indolente y criminal respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto. A muchas y muchos, este caso nos despertó una conciencia política que nos mantiene exigiendo, 12 años después, verdad y justicia. Que nunca nos falte la memoria para seguir pasando lista a los 43 que nunca regresaron a casa.