“Los medios mentimos deliberadamente”, esas palabras las pronunció un conocido periodista en una mesa de opinión del extinto CNI Canal 40, el 21 de mayo del año 2000. Al escucharlo, Denise Maerker le cuestionó a qué se refería, a lo que Sergio Sarmiento le respondió: “¿Tú crees que ningún medio en este país ha mentido deliberadamente nunca?”.
Y vaya que mienten. Ha pasado ya una semana desde que se abordó en la conferencia mañanera la propuesta de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias y la desinformación no ha cesado. En este sentido, independientemente de la invitación que le extiendo a quien amablemente lee esta columna a consultar el documento de apenas 38 cuartillas que está siendo sometido a consulta y que ha predominado en el debate público los últimos días, vale la pena, nuevamente, hacer algunas precisiones.
Hasta el cansancio se ha repetido que con esta propuesta de lineamientos —que la ley mandata a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones expedir— el gobierno busca determinar lo que es verdad y lo que no, que se busca censurar y limitar la libertad de expresión. Nada más alejado de la realidad. ¿A partir de qué interpretación forzada y errónea llegaron a esa conclusión?
La realidad es que estamos frente a un falso debate. Lo que se propone regular no es el contenido que presentan a sus audiencias las televisoras y radiodifusoras, sino los elementos que aportan a sus televidentes y radioescuchas para diferenciar entre opiniones, información y contenido pagado; así como las herramientas que ponen a su disposición para presentar quejas en caso de que sus derechos se vean vulnerados.
Resulta una enorme hipocresía de aquellos que antes ejercían la censura previa, pues pasaban sus noticiarios por Gobernación antes que en sus emisoras, ahora acusen censura donde no la hay.
Para quienes son de memoria corta, vale la pena recordar, por ejemplo, que a Ricardo Rocha lo sacaron de la televisora en la que trabajaba cuando reveló las imágenes de lo que realmente ocurrió en el caso de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995. Tras la masacre de 17 campesinos, el gobierno de Guerrero dijo que la policía sólo había “repelido las agresiones”. Nueve meses después se supo, gracias a Rocha, que éstos se encontraban inermes y que las autoridades ordenaron la masacre. O que Carmen Aristegui sufrió un despido ilegal e injustificado, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras revelar en su programa de radio el escándalo de la Casa Blanca adquirida por Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera por alrededor de 7 millones de dólares. Pero quizá el ejemplo más ilustrativo lo vivimos el 24 de marzo del 2011 en el Museo Nacional de Antropología, donde más de 700 empresas de información se dieron cita para firmar lo que llamaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, que no fue más que un pacto de silencio para no hablar de la violencia que vivía México con la narcoguerra de Felipe Calderón.
Ésa sí era censura, impuesta por el Estado o autoimpuesta por la prensa para congraciarse con quienes ostentaban el poder.
Regresando a las mentiras deliberadas de las que se hablaron hace 26 años en CNI, ¿qué hacer al respecto? ¿Qué limitantes deben imponerse a periodistas y comunicadores que manchan esta profesión con la mentira? ¿Qué se debió hacer cuando Loret presentó imágenes de un enfrentamiento en Irán diciendo que era Sinaloa? ¿O cuando una televisora nacional utilizó las mismas imágenes en dos desastres naturales en años distintos? Los lineamientos expuestos por el gobierno de México proponen la autorregulación. Que sean los propios medios de comunicación quienes adopten mecanismos para privilegiar la veracidad de sus contenidos y poner por delante a las y los consumidores de la información.
En democracia ése es el camino.