Pequeñas-grandes diferencias

Pero hay pequeñas grandes diferencias entre los discursos y los enfoques hacia la corrupción de uno y otro mandatario.

Biden no se apoyó en el voluntarismo, no usa sus palabras para polarizar y dividir diciendo que su gobierno, su equipo y su partido son limpios y puros, mientras que todo gobierno anterior fue corrupto y sucio. El discurso de Biden está desprovisto de culpables. No señala culpables genéricos (el PRI, el PAN, los empresarios, los periodistas) ni personales (Salinas, los dueños de OXXO, Calderón). Tercero, Biden habla de la necesidad de erradicarla o disminuirla, pero nunca de que en su administración ya haya desaparecido. López Obrador, en cambio, afirmaba ya desde 2020 que: “Lo puedo decir ya, se acabó la corrupción, el bandidaje oficial, ya no van a seguir robando. Desde luego que no se acepta el influyentismo ni la corrupción, ya se acabó el “moche”.

Pero más importante es el abismo existente entre la visión, el diagnóstico y las tareas para enfrentar la corrupción entre lo que plantean los dos presidentes.

En un comunicado de la Casa Blanca, el pasado 6 de diciembre, se afirma: reconociendo la calidad corrosiva de la corrupción para carcomer la democracia, el presidente Biden instruyó a su equipo nacional de seguridad nacional a elaborar una estrategia comprehensiva para mejorar la capacidad del gobierno en la prevención de la corrupción, combatir las finanzas ilícitas, poder llamar a los corruptos a cuentas y fortalecer la capacidad de los activistas, periodistas de investigación y otros actores para exponer los actos de corrupción.

La denominada Estrategia Estadunidense para Contrarrestar la Corrupción (https://bit.ly/3lLmLZb) es un plan integral de cinco pilares que abarca la problemática nacional e internacional, las dependencias involucradas, las formas de coordinación, los lineamientos de transparencia e información pública y los recursos destinados a estas tareas. Sorprende gratamente que hay una estrategia dentro de estos pilares para integrar “consideraciones de corrupción en la planeación, análisis y operaciones militares”.

Partiendo de que la rendición de cuentas es vital, obliga a los departamentos y agencias (secretarías y dependencias) gubernamentales a reportar los avances en cada uno de los frentes al Presidente.

Esta visión inclusiva, tanto en lo que a objetivos se refiere como a quiénes deben participar en la lucha contra la corrupción, difiere radicalmente de lo que busca nuestro mandatario. A tres años de gobierno, no hay más que unas cuantas medidas legales de carácter punitivo para enfrentar la corrupción y muchas afirmaciones sin sustento: extinción de dominio, equiparación de fraude fiscal y crimen organizado, convertir en delito grave algunos actos de corrupción y la iniciativa de juicio al Presidente por actos de corrupción. Los dos primeros ya recibieron resoluciones de la Suprema Corte resolviendo que son inconstitucionales en parte o en su totalidad. Junto con las medidas punitivas se aprecia claramente la intención de eliminar o debilitar las organizaciones de la sociedad civil y a los periodistas de investigación como partes centrales de la lucha contra la corrupción. Esta pretensión se manifiesta todos los días cuando se denuesta la labor que hacen investigadores, activistas y periodistas, se les acusa de “chayoteros” y “vendidos” y se les estrangula financieramente.

En cambio, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 mexicano no tiene consistencia y nadie se ocupa de darle seguimiento u otorgarle recursos para su implementación. Lo que es más, el dinero destinado a aquellas instituciones que tienen como propósito enfrentar la corrupción y la impunidad han visto disminuidos sus recursos. Quizá haya seguimiento de este Plan y no lo sabemos, pero si lo hubiera y tuviera buenos resultados, ya nos los habrían presumido —y con razón— en todas las mañaneras. En cambio, lo que escuchamos cuando se ofrece una cifra retadora para el gobierno es. “Me patea el hígado saber que organismos internacionales nos colocan en el sitio 135 de corrupción” (3/I/19). Después de tres años tendrá que decir algo muy similar porque el World Justice Program nos sigue colocando en ese mismo lugar y Transparencia Internacional en el 124 de 180.

No nos vendría mal a todos, gobierno, empresarios, sociedad civil y periodistas echarle un ojo a la estrategia de Biden. Siempre se puede aprender. Tampoco le vendría mal al gobierno de México echar mano de todo el trabajo y propuestas de la academia, las organizaciones, el periodismo que se produce en su país y que tiene el propósito de combatir la corrupción.