Nueva oportunidad

Menos atención ha recibido el papel de las cámaras del Congreso. El Senado dio el penúltimo paso para cumplir con el requisito final de aprobar la consulta —validar su “trascendencia nacional”— y ya sólo le falta hacer lo propio a los diputados. Concluida esta formalidad, el Congreso expedirá la convocatoria y lo notificará al INE.

Este asunto no recibió atención alguna, pues se da por sentado que los legisladores de Morena tienen lealtad ciega al Presidente y que de ellos tampoco pueden esperarse contrapesos.

Pero, no contentos con el triunfo del Ejecutivo sobre el Judicial, aparentemente López Obrador va por más. Nunca escondió su posición de que la consulta debería haberse programado para el mismo día que las elecciones intermedias, junto con la revocación de mandato. Dada la falta de mayoría calificada, la bancada de Morena en el Senado tuvo que ceder en las fechas preferidas por el Presidente con tal de que transitaran las reformas y reglamentaciones.

Lo hizo entonces, pero próximamente habrá otro tour de force. Ricardo Monreal ha enviado una iniciativa para mover la fecha de la consulta popular del primer domingo de agosto al 6 de junio, fecha de las elecciones intermedias.

El pretexto que esgrime la iniciativa es obvio: ahorrar recursos para atención de la pandemia. La intencionalidad también es obvia: poner en el centro de la elección intermedia la corrupción de la era del neoliberalismo. Una de las promesas de campaña más rentables de la elección y el tema que con mayor frecuencia y éxito se aborda en las mañaneras. En el último mes, la ampliamente difundida declaración de Lozoya contra 70 funcionarios de la administración pasada, junto con el tema del juicio a expresidentes, le ha reportado al Presidente un repunte considerable en las encuestas de aprobación.

Es difícil pronosticar qué ocurrirá con la oportunista iniciativa de Monreal, porque se trata de una reforma constitucional que requiere de 2/3 de cada una de las cámaras y las fichas de negociación —quitando la extorsión— van agotándose conforme la elección se acerca.

Como en el caso de la Corte, el pasado 1º de octubre, o en el de los fideicomisos, con los que, sin ningún miramiento, arrasó el Poder Legislativo, en una franca genuflexión frente al Ejecutivo; confieso un optimismo irracional respecto a esta nueva jugarreta política de la presente administración. La oposición en el Senado puede ser el contrapeso a esta nueva manipulación política.

Mi optimismo adquiere algún viso de racionalidad cuando pienso que a la Corte se le abre de nuevo la puerta para una pequeña reivindicación. De aprobarse la iniciativa de Monreal, más de un actor político interpondrá alguna acción de inconstitucionalidad.

Existe, sin embargo, un problemita. No está claro —a diferencia de otros países— que una reforma constitucional pueda ser objeto de un juicio de constitucionalidad ante la Corte. En México no hay eso que algunas otras naciones llaman cláusulas pétreas (inscritas en piedra) y que no pueden ser tocadas por la voluntad mayoritaria expresada en el Congreso. Con todo, mi optimismo radica en que la Corte adopte argumentos tan laxos como en la consulta popular y se autoerija en guardián de la Constitución con criterios “expansivos” que dejen claro que una de sus funciones es evitar que el poder siga concentrándose en una sola de las ramas de gobierno.

Otra vez la tienen fácil. Hay total claridad de que la Constitución misma impide llevar a cabo reformas que afecten los procesos electorales 90 días antes del inicio del proceso electoral, o sea, el 7 de junio de 2020. Reformar la Constitución para dar gusto al Presidente violaría este precepto. ¿Qué haría la Suprema Corte?