Miles de millones

Las prácticas de lo que alguna vez Carlos Elizondo llamó el uso y abuso de los recursos públicos siguen siendo las mismas de siempre. O peores. A la 4T se le olvidó transformarlas a pesar de que son una de las principales manifestaciones de la corrupción.

Es una lástima que en la opinión del titular del Ejecutivo, sólo los adversarios, conservadores y corruptos usan los datos de la Auditoría Superior de la Federación sobre las irregularidades en el manejo de recursos públicos. Una vez más: o ignorancia o desdén por un órgano que fue creado y dotado de autonomía gracias a la oposición, cuando él pertenecía a esas filas. Los primeros interesados en examinar las irregularidades no deberíamos ser los que desde la academia, el periodismo o la sociedad civil vigilamos las acciones del Ejecutivo, sino los sujetos obligados que tienen la responsabilidad de aclarar las observaciones o, si no pueden hacerlo, regresar los recursos públicos mal utilizados o no comprobados. Entonces, la ASF estaría obligada a promover una denuncia de responsabilidad administrativa ante los órganos de control interno, ante la Secretaría de la Función Pública o, en última instancia, una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.

Siendo asuntos técnicos y de alta complejidad, lo que hacemos los reporteros, académicos y comunicadores es traducir esta función de la ASF en algo comprensible para la ciudadanía. Dar a conocer públicamente la manera en que los funcionarios públicos y autoridades de todos los niveles y ramas de gobierno están utilizando de manera ilícita, los recursos provenientes de nuestros impuestos. Lo hicimos en sexenios anteriores —no callamos como momias— y lo seguimos haciendo. La intención no es descarrilar al gobierno, sino llamarlo a rendir cuentas.

Desgraciadamente para todos, año tras año se dedica al menos un par de semanas a analizar y denunciar el uso ilegal de los recursos. Desgraciadamente también, año tras año vemos que prácticamente no hay consecuencias por estos actos. Aun así, es nuestra obligación insistir, porque todo indica que los nuevos y los viejos gobernantes siguen siendo iguales.

El análisis preliminar de la Cuenta Pública 2020 señala probables daños al erario por más de 63 mil millones de pesos. De estos, más de 41 mil mdp corresponden a recursos federales ejercidos por estados y municipios. Hay que esperar a ver qué porcentaje de esta cifra pueden aclarar los entes fiscalizados.

Son de destacar los programas y obras insignia de la presente administración. En el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles se presentan irregularidades, montos por aclarar, adjudicaciones directas en perjuicio de licitaciones abiertas, “pagos indebidos” y pagos en exceso por 21 mil 359 millones de pesos: 1,300 millones corresponden al Tren Maya y 59.2 millones a la refinería, mientras que hay un señalamiento de inconsistencias por 20 mil 243 mdp relacionado con un fideicomiso de la Sedena con el que se paga el aeropuerto de Santa Lucía

En el caso de los programas sociales la situación no es muy distinta. Tal y como lo hemos dado a conocer distintas instituciones, los principales programas tienen duplicidades, beneficiarios no registrados debidamente, fallecidos y receptores que no utilizaron los recursos para los propósitos indicados. La cifra total de recursos no aclarados o mal utilizados por la Secretaría de Bienestar, por ejemplo, llegó a mil 230 millones, más que el presupuesto del Inai. En lo que no son iguales, sino peores, es en los montos auditados que quedaron sin aclarar ni recuperar. Si en el sexenio de Calderón no se aclararon o recuperaron el 21% de los recursos auditados y en el de Peña Nieto el 52%, en el de López Obrador tan sólo para 2019 la cifra subió a 81%. Y, si tomamos las primeras dos entregas del ejercicio de 2020, en los que ya expiró el tiempo de aclarar y devolver el recurso público el dato sube a 96 por ciento.

Ante esta realidad cabe preguntarse para qué tenemos en México la buena práctica de auditar el dinero de los impuestos de los mexicanos si, básicamente, no pasa nada. Para documentar este pesimismo basta revisar un dato más. La ASF ha interpuesto desde el año 2000, 1,091 denuncias de hechos por los hallazgos de la revisión de la Cuenta Pública. De estos solamente 20 o el 1.8% se han resuelto. Más impunidad. Y, quizá la pregunta más relevante y que no nos estamos haciendo ¿A dónde va el dinero que no logra ser ni aclarado ni resarcido? Para el gasto de 2019 este monto llega a la escandalosa cifra de 84 mil 381 millones de pesos. ¿Alguien se ha tomado la molestia de explicar a dónde se fue ese dinero que equivale, por ejemplo, al presupuesto sumado de 2022 para Conacyt, SHCP, FGR, SRE y Segob (84 mil 188 millones)? ¿No cree usted que son muchos miles de millones para no saber qué se hizo con ellos?