La espada de Damocles

A López Obrador se le puede criticar de muchas cosas, pero no de improvisar en política. El cambio en la fecha propuesta para la posible revocación —del segundo al tercer año— ha provocado que el debate público gire sobre este tema. Las modalidades o detalles de la figura de revocación de mandato son, sin duda, importantes, pero lo que hace falta es regresar el foco de la discusión a la figura misma y sus consecuencias. Con base en ellas es que los senadores debieran tomar una decisión.

Si desnudamos a la figura de sus supuestas virtudes de empoderamiento ciudadano, que pueden resumirse en la demagógica frase de que “el pueblo pone y el pueblo quita”, la revocación no es más que un mecanismo de interrupción o término anticipado del mandato popular que busca añadir a la legitimidad de acceso al poder propia de la democracia, la legitimidad por desempeño. La figura pone sobre el presidente en turno una espada de Damocles que puede cortarle la cabeza y que, por tanto, condiciona su comportamiento.

1. Una de las ventajas de un periodo fijo es la certidumbre que ofrece y la posibilidad de una planeación ordenada de los asuntos a atender durante el mandato. No es casual que ciertas medidas que pueden juzgarse impopulares, pero necesarias, se tomen en momentos alejados de los periodos electorales. La revocación de mandato, se dice, hace más responsables a los ejecutivos frente al electorado. Pero, ¿qué es ser responsable? ¿Es responsable endeudarse para cumplir con las promesas de campaña, hacerlo a través de una reforma fiscal o no cumplirlas porque se hizo un mal cálculo sobre su costo? Estamos ante una confusión de términos. Una cosa es ser responsable y otra responsivo. Responsivo a las demandas del electorado para ganar su favor electoral. La revocación es un eficaz incentivo a gobernar de manera popular, no de manera responsable.

2. Acorta los periodos de negociación y alarga los de confrontación. Está probado que mientras más lejos está el periodo electoral, más son los acuerdos en el Congreso. En cuanto las elecciones se acercan, los partidos opositores se alejan de posiciones de negociación, pues se piensa que hay que diferenciarse del gobierno en turno y mostrar al electorado que hay alternativas. Si, como se propone, la revocación debe ser solicitada en el 1er periodo ordinario del 2º año de la Legislatura (septiembre-diciembre de 2019), ¡estamos a seis meses de que esto ocurra!

3. Lo binario —Sí o NO— simplifica y polariza. Esto vale tanto para las consultas populares como para la revocación de mandato. En el primer caso, es un juicio sumario sobre una política pública; en el segundo, sobre una persona. Peor aún, si el Presidente fuera revocado, su sustituto no tendría ni legitimidad de origen —porque el Congreso lo designaría— ni tampoco de desempeño —porque no podría ser sometido a revocación—. Además, si vota menos del 40% del padrón, aun perdiendo la elección, el Presidente permanecería en funciones, pero con una mayoría que expresó en las urnas que se debería ir.

4. La estabilidad política se pone bajo riesgo de manera innecesaria. Las elecciones intermedias ya son en sí mismas un mecanismo de refrendo o rechazo al Presidente. Si el partido en el poder pierde su mayoría o su posición relativa en la Cámara de Diputados, la indicación es clara: se considera que no se está haciendo bien el trabajo de gobernar o se considera que alguien lo podría hacer mejor. La señal es clara. O el gobierno en turno reacciona ante el mensaje del electorado y cambia el rumbo o se arriesga a perder las siguientes elecciones.

5. En un menú político en el que la revocación está disponible, la oposición tendrá un fuerte aliciente para hacer fracasar al gobierno en turno. La tentación de descarrilar el proyecto del Presidente para que en tres años se le despida será muy potente si está en juego el premio mayor.

Ante la pregunta de si la revocación contribuye a la certidumbre, estabilidad y gobernabilidad de un país de por sí polarizado, la respuesta es: no. Si agregamos los detalles del dictamen aprobado, las cosas empeoran: se legisla para el Ejecutivo en turno, se introduce una gran inequidad en las elecciones intermedias y se pone en manos del propio Presidente la activación del mecanismo.