Justicia y política

Lo que preocupa es que, a casi dos años de gobierno, no se ve que alguno de estos problemas tenga visos de mejorar ni que se estén sentando las bases para que eso ocurra.

El caso de la justicia es emblemático. Dejo atrás las promesas de campaña que, se sabe, están hechas para ganar votos y no para ser cumplidas. Me refiero sólo a lo dicho y hecho desde que ganó la Presidencia.

Está claro, como he mostrado de manera reiterada, en éste y otros espacios, que el Estado de derecho no es su fuerte. Tampoco lo ha sido el combate a la corrupción, que va de la mano con la justicia.

La corrupción es el tema favorito en el discurso del Presidente, aunque también uno en el que contradicciones e incongruencias se expresan más abiertamente. Observo dos tensiones de primer orden. La que existe entre el discurso y los hechos, que lleva a que los ciudadanos no sepamos qué esperar, y aquélla entre la supuesta independencia de la Fiscalía General de la República.

Nada más ganar las elecciones, AMLO dijo “la venganza no es lo mío” (como si los presidentes tuvieran derecho a vengarse) y propuso un “punto final”, “perdón y olvido” y “no mirar al pasado”. ¿Sí? A medias. Ahí están García Luna o Rosario Robles para demostrarlo. A diferencia de lo que ocurre con algunos otros compromisos —el aeropuerto, Dos Bocas, el Tren Maya, los impuestos— en donde no ha dado su brazo a torcer, en éste no hay una decisión firme. El “punto final” no fue bien recibido y AMLO ha guardado siempre la reserva de: “Si el pueblo me lo pide”. Si el pueblo quiere juzgar a los expresidentes, yo estoy para obedecer. Haremos una consulta popular.

Lo mismo con la Fiscalía. Cuando en las mañaneras se pregunta por algún tema de justicia y corrupción sobre el que no quiere responder, se escuda diciendo que eso no le corresponde a él sino a la Fiscalía, aunque es evidente que trabajan de la mano. Cuando así lo juzga conveniente, se expresa con toda soltura sobre temas de justicia.

El caso Lozoya hace patente estas dos tensiones, es un ejemplo de que, en materia de justicia y corrupción, no habrá cambios y que el sexenio pinta para más de lo mismo: el uso político de la justicia.

No hay que escoger entre calificar el caso Lozoya como un distractor y espectáculo político o aceptar que el sexenio anterior estuvo plagado de corrupción. Las dos cosas son ciertas. No hay duda de que estamos frente a conductas que perseguir, juzgar y castigar, pero tampoco que el principal componente del manejo del Lozoyagate es innegablemente político. Estará entre nosotros, cuando menos, hasta las elecciones del 2021 y se irá administrando a conveniencia. Pasadas las elecciones quedarán municiones para el 2022 si se utiliza la revocación de mandato y hasta para el 2024, cuando elijamos nuevo presidente.

No sólo esto. De las declaraciones del Presidente se deriva la conclusión de que la justicia es lo último que interesa. Hace unos días, en Acapulco, reveló que los abogados que él consultó le dijeron que el supuesto video de Lozoya no tendría gran valor legal. Acto seguido, sugirió que se divulgara a manera de “estigmatizar”, de tener un “castigo público”, de “moralizar”. Con el mismo propósito propuso que los expresidentes y otros funcionarios declararan en el juicio para que se sepa hasta dónde llegaba la corrupción. Otro ejemplo, el del expresidente Calderón. López Obrador negó que sostenga una persecución política contra él: “Yo ya lo perdoné, pero no es conmigo, es con un juez de EU”. No, no toca a los presidentes perdonar. Eso toca a la justicia.

Tengo dudas sobre lo pertinente de una política de “punto final”, pero si realmente lo que quiere es eso, hay manera de hacerlo. Sobre todo para un Presidente que ha demostrado no importarle demasiado las formas legales. Si no lo hace es porque lo juzga inconveniente políticamente y quiere dejarse abierta la puerta para lo que demande la coyuntura.

El desprecio por la justicia y su subordinación a la política seguirá siendo santo y seña del sistema. Una vez más, sí, seguimos siendo iguales.