Colusión de Poderes

Estoy segura que no es así, pero ya está más que claro que en este sexenio lo que priva en los tres Poderes es la lógica personal y no, como en un Estado moderno, la lógica institucional. Ampliar el periodo del presidente de la Corte no sería la primera violación a la Constitución. A juzgar por la experiencia, no será la última. Durante la administración se llevan contabilizadas más de 20 acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en contra de actos del Ejecutivo o de leyes y decretos de autoría presidencial. No hay uno de los sujetos facultados para interponerlas que no lo hayan hecho. Los amparos se cuentan por miles.

Tenemos un gobierno federal cuyas principales iniciativas, políticas y decretos se encuentran sujetos a juicio y pendientes de resolución judicial. El Ejecutivo está bajo sospecha de incumplimiento de su primer acto de gobierno: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”.

Esta nueva violación constitucional es una de las más graves y de mayor trascendencia política porque en este nuevo episodio de autoritarismo, incluso de autocracia, están implicados los tres Poderes. Los senadores por aprobarla, el Ejecutivo por avalarla y los ministros del Poder Judicial, particularmente su presidente, por su revelador silencio. ¿Se acabó el principio del gobierno limitado propio de la democracia?

Los senadores de Morena y adláteres acompañados del Presidente o, más bien al revés, el Presidente acompañado de los senadores que no se atreven a cambiarle una coma a sus iniciativas, quieren cambiar la Constitución a través de una ley secundaria. No pueden aducir ignorancia sobre la posibilidad de hacer esto sin violar la Constitución. Ni uno ni otros.

Entonces aún peor. Una de tres: o a los senadores les da igual violar la Constitución, o es una provocación y una muestra de poder o apuestan a que la(s) controversias(s) que se interpongan sufrirán el mismo destino que todas las demás, es decir, dormir el sueño de los justos por meses y años en las gavetas de la Corte sin que haya resolución alguna.

Igualmente grave la actitud del titular del Ejecutivo que ni siquiera optó por otorgar callando, sino por respaldar la iniciativa activamente: “La ampliación del periodo de dos años se llevó a cabo en el Senado, pero si eso garantiza que va a haber la reforma, yo estoy de acuerdo”.

Con esta declaración muestra dos cosas. Por un lado, su profundo desprecio por las instituciones y por la ley. Su fe en que es la persona —en este caso Arturo Zaldívar— el que puede salvar la conducción de una política y no el conjunto de los integrantes de la institución misma. Por el otro, que al ministro presidente de la Corte lo considera un integrante más de su administración en la que lo que importa es 95% lealtad. O sea, le propina el mismo tratamiento que a un funcionario de la administración pública federal y no el de la cabeza de un poder autónomo e independiente. “Tengo confianza en él, lo considero un hombre íntegro, una gente honesta”.

Hemos hablado del silencio estruendoso de Zaldívar. Pero ¿y el del resto de los ministros? Tampoco se han pronunciado respecto a esta innegable inconstitucionalidad. En su caso hay una razón que lo explica. Si alguien de los diez ministros o ministras se pronuncian públicamente y la reforma llega al pleno para declarar su inconstitucionalidad, quedarían descalificados para participar en la resolución, pues se argumentaría que ya tenían el “voto comprometido”. Esto, a diferencia de Zaldívar, que de todos modos se tendría que excusar por conflicto de interés, “salva” a los ministros y ministras” del perturbador silencio. Correspondería que los diez se pronunciaran en contra al unísono. Si no actuaran en solitario, sino todas y todos juntos, el problema quedaría resuelto. ¿Será mucho pedir?

En fin, la hasta ahora colusión de los tres Poderes para violar la Constitución es francamente alarmante. Con la connivencia de los poderes Legislativo y Judicial se hace realidad el más caro deseo de López Obrador: el país de un solo hombre. Y, no, no le dieron un regalo envenenado a Zaldívar. No hay dilema ético. Un magistrado no tiene que escoger entre “salvar” al Poder Judicial o enfrentarse al titular de otro poder. No hay deber mayor que respetar la Constitución.