¿A dónde apunta la flecha?

Son inéditos también los forcejeos y conflictos con el resto de los poderes, los órganos autónomos y órdenes de gobierno. ¿De dónde vienen estos conflictos? De la percepción, basada en hechos concretos, de que el hiperpresidencialismo está de vuelta. De que la captura de estas estructuras institucionales por la vía de nombramientos, de cambios legislativos o de decisiones administrativas está en el proyecto político de López Obrador y que no está dispuesto a tolerar obstáculos en su camino, que los contrapesos no le gustan, que negociar no es lo suyo.

Estos forcejeos, que hasta el momento va ganando AMLO, pueden verse por todos lados y los medios han dado cuenta de ellos. Lo inédito está en que ningún gobierno había tenido en su inicio tantas acciones legales en su contra y su mayoría en el Congreso: controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, denuncias, procedimientos de investigación y amparos contra actos de autoridad.

Cuento hasta el momento las siguientes:

Cuatro acciones de inconstitucionalidad. La primera, interpuesta por el 33% de los senadores en contra de la Ley de Remuneraciones. La segunda, presentada por la CNDH contra la misma ley. La tercera es la que prepara el INE contra el recorte que se le aplicó al Instituto en el Presupuesto de Egresos 2019. La cuarta, presentada por diputados y senadores del PAN, PRI, PRD y MC en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por la creación de la figura de los superdelegados, que atenta contra la soberanía de las entidades federativas, por la facultad conferida a la Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía para la determinación de tarifas eléctricas siendo que este órgano regulador cuenta con autonomía constitucional, las facultades concedidas a la SHCP para planear la política de contrataciones públicas y las irregularidades en el procedimiento de discusión y aprobación de la reforma a la Ley.

Tres controversias constitucionales promovidas por la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Banco de México contra la Ley de Remuneraciones. A ella puede sumársele la que está preparando el Inegi contra el Presupuesto de Egresos, porque el recorte de recursos le impide llevar a cabo la totalidad de sus programas y encuestas.

Literalmente, miles de amparos indirectos individuales interpuestos por diversos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, el INE, el Banco de México y la CNDH, entre otros, también por la Ley de Remuneraciones. Algunos, por parte de particulares, contra la orden de Pemex de cerrar los ductos y ocasionar el desabasto de combustibles. Cabe resaltar que en uno de los casos se concedió la suspensión del acto reclamado ordenando garantizar al quejoso el abasto de combustible.  Y otros más provenientes de particulares (proveedores indirectos y por derecho propio) contra la cancelación del aeropuerto de Texcoco (NAIM) alegando incumplimientos y el derecho a una economía nacional estable y/o sana.

Una denuncia popular en materia ambiental promovida por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental en contra del desmonte y/o tala de las especies vegetales en el predio destinado a la Construcción de la Refinería Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco.

El comienzo de procedimiento de investigación iniciada por la CNDH en el que se requiere información a la Sedena, Pemex, Gobierno del estado de Hidalgo y municipio de Tlahuelilpan sobre su actuación en los hechos relativos a la explosión de la toma clandestina que provocó la muerte de más de un centenar de personas.

Lo que tienen en común todas estas acciones legales es la convicción de los promoventes de un abuso de funciones, concentración de poder y/o extralimitación de facultades. La seguridad de que en el Poder Ejecutivo “se están pasando de la raya”.

A ellas habrías que añadir la captura vía nombramientos o desnombramientos atribuidos a la nueva administración. Entre los nombramientos en órganos autónomos de personas allegadas al Presidente están el Banco de México, la Fiscalía y la SCJN. Entre los desnombramientos o “invitaciones” a renunciar están el de la presidenta del Tribunal Electoral, tres integrantes de la CRE, uno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el presidente de la Comisión de Justicia del Senado.

Esta lista no es un divertimento o una simple bitácora de vuelo. La pregunta es: ¿a dónde apunta la flecha? A un gobierno que no tiene demasiado respeto por la ley y que quiere ampliarlo por cualquier vía a su alcance, legal o no.

*Agradezco al equipo de abogados del Despacho de Litigio Estratégico (MCCI) la recopilación de las acciones legales listadas en este artículo.