Tierra de cobijo
Hace 15 días la policía mexicana detuvo al ciudadano vasco Hilario Urbizu San Román en la pequeña localidad oaxaqueña Aguascalientes de Mazatán, municipio de Santo Domingo Tehuantepec, en la sierra que bordea la costa istmeña. Urbizu San Román es acusado por la justicia española de pertenecer a la ETA y de haber cometido en 1980 un atentado que le costó la vida a seis guardias civiles. Logró evadir la persecución en su contra, estableciéndose en el País Vasco francés, cerca de Bayona. Desde 1990 encontró refugio en nuestro país.
Aguascalientes de Mazatán es un caserío de, a lo más, treinta viviendas. Las escuetas notas que han aparecido recientemente sobre el caso no informan a qué se dedica ahí el perseguido ni, si en estos 25 años, había fundado una familia o no. Sólo sabemos (es un decir) que, en un momento dado, había trabajado en un fábrica de lubricantes, presumiblemente en alguna ciudad cercana.
La localización y detención fue llevada a cabo, tal como informan los medios peninsulares, sin ningún pudor, con la colaboración de la guardia civil española. Para nadie es un secreto que, desde hace muchos años, la policía gachupina se mueve en nuestro país como pez en el agua, en busca de los otrora numerosos asilados vascos.
Claramente, para todo hombre de bien, es una auténtica infamia que el gobierno de La Moncloa insista en la cacería de antiguos guerrilleros por supuestos atentados cometidos hace 35 años, y que ahora viven en paz y lejos de su patria. Su coartada es la de considerar la lucha armada de liberación como “terrorismo” per se y establecer que los “crímenes terroristas” no prescriben. El sentido de tal enormidad no es difícil de inteligir.
Para ubicar ese sentido sobran indicios. Desde el nuevo ultrismo español vuelven ominosas tales represalias especialmente sórdidas. Mientras intentan mostrar indulgencia validan ignominias, anacronismos yertos. Articulan venganzas escandalosamente ridículas, intentando justificar otros laudos execrables.
En efecto, la situación en la península es extremadamente delicada. Por un lado el estrepitoso derrumbe del PP, el partido de Rajoy, en el gobierno, y del PSOE su contlapache de izquierda fresa, en las pasadas elecciones municipales del 24 de mayo. La fabricación a toda prisa de “Ciudadanos”, conservadores y de Podemos, dizque progresistas, para que acudan al rescate no ha tenido el éxito esperado.
A ello es preciso añadir el vigoroso movimiento liberador de Cataluña, que pone en grave e inminente riesgo la sacrosanta “Unidad del Reino”. Para colmo de males la lucha por la independencia del pueblo vasco, esta vez por la vía cívica y pacífica, siguiendo el ejemplo catalán, ha cobrado nuevos e impetuosos bríos.
No es de extrañar, pues, que desde Madrid quieran espantar con el petate del muerto. La detención de Hilario en este preciso momento tiene este preciso sentido. Muy probablemente lo tenían localizado y sólo esperaron la ocasión propicia. Y ahora parece ser un recurso extremo. Un clavo ardiente.
Sin embargo, no es tanto la perspectiva española la que me interesa, sino la mexicana. Ésta fue durante muchos decenios tierra de acogimiento para todos los perseguidos políticos del mundo, independientemente de su filiación. Aquí han encontrado refugio desde León Trotski hasta el Sha de Persia. Desde Fidel Castro al filonazi rey Carol II de Rumania.
Y es que éste es el significado último de la entrañable e irrenunciable tradición del refugio político. No juzga ni prejuzga la causa del inculpado. Simplemente se considera que en su país no tendría un juicio justo e imparcial, pues lo procesaría un estado que de antemano se declara su enemigo. Acotemos que dicho refugio puede ser concedido de jure, mediante una autorización formal de residencia, o de facto, sin trámite migratorio especial. En ambos casos el espíritu de la ley debe ser el mismo.
Dejemos bien claro que si en efecto Urbizu hubiera cometido el atentado de marras, lo habría realizado en el cuadro de la lucha por la libertad de Euskal Herria. Y eso solo basta para ser considerado un acto político. Es el móvil el que establece de manera inapelable la naturaleza del delito. En cualquier caso no perdamos de vista que el detenido no ha sido juzgado y por lo tanto, aunque el gobierno y la prensa española lo soslayen, de momento no es más que presunto.
Debido a ello es tan importante que la jueza Patricia Díaz Cerda, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Amparo en el D.F. haya concedido la suspensión provisional a la orden de extradición. De esta manera pone a salvo, de momento, la nobilísima tradición del refugio político en nuestro país, tan mancillada en sexenios anteriores, y el prestigio mundial de México como oasis, tierra de cobijo.