El 17 de octubre pasado se llevó a cabo un intento de desalojo forzoso de las comunidades otomíes y mazahuas, que habitan en La casa de los pueblos y las comunidades indígenas Samir Flores Soberanes –ubicada en la alcaldía Benito Juárez–, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. El discurso oficial fue que se trataba de un operativo pacífico que buscaba liberar la Avenida México-Coyoacán, debido a quejas de la ciudadanía; sin embargo, declaraciones de los afectados acusan que las autoridades hicieron uso de la fuerza sin hacer distinción entre menores y mujeres embarazadas.
En redes sociales, la nota produjo controversia. Por un lado, algunos argumentaban que la ocupación del inmueble era ilegal y por eso debían desalojarlo. También se señaló que las víctimas, en todo caso, eran los policías, por la resistencia de los pueblos. Por otro lado, hubo quien defendió a los habitantes frente al despojo. A pesar de la polémica, no generó mayor sospecha sobre la profundidad y frecuencia del desalojo, como si fuese un caso aislado.
Si bien, como señala el artículo 789 del Código Civil Federal, está prohibida la apropiación de los bienes vacantes, son innumerables tanto los inmuebles sin dueño cierto, como aquellos abandonados por malas condiciones en la ciudad. Reporte Índigo informó que, de acuerdo con la Coalición Internacional para el Hábitat y la Plataforma Vecinal 0600 Observatorio Ciudadano, en promedio hay tres mil desalojos al año en la capital llevados a cabo por la SSC.
Ahora bien, la normalidad de los casos no lo justifica, pero los procesos administrativos impiden la eficacia del registro. Como ejemplo de ello, al día siguiente del intento de despojo, en una rueda de prensa, las comunidades entre consignas como “tener techo es un derecho” relataron que, al ocupar la propiedad, las autoridades de la CDMX se comprometieron a expropiar el territorio para hacer un proyecto de vivienda indígena. Agregaron que ya había iniciado el trámite y se tenía un compromiso legal para inscribir el inmueble en el Registro Público de la Propiedad, no obstante, el proceso fue retrasándose sin dar respuesta, hasta que fueron notificados de que el terreno había sido vendido a una empresa constructora. Por lo tanto, exigían una mesa de diálogo con las autoridades para resolver el asunto, una vez más, sin obtener respuesta.
Lo anterior revela una cuestión fundamental, el desplazamiento como violencia simbólica. Para Pierre Bourdieu, la violencia simbólica es un tipo de dominación que se caracteriza por la imposición del poder y la autoridad, y es tan imperceptible como tácita. El monstruoso crecimiento inmobiliario en la Ciudad de México ha traído fatales consecuencias y se ha visto propiciado de manera exponencial por el llamado Cártel Inmobiliario, que opera desde 2008, precisamente, en la alcaldía Benito Juárez; éste extorsiona e intercambia favores para permitir construcciones en la alcaldía, eximiendo a las constructoras de cumplir con los requisitos que establece la ley.
Aunque algunas de las figuras principales han sido detenidas, Animal Político publicó que se han autorizado más de mil obras ilícitas.
Como consecuencia de la proliferación desmedida de inmuebles, los precios de las viviendas y las rentas han aumentado exponencialmente, produciendo gentrificación y el desplazamiento de la población de sus colonias de origen, así como una caída en la calidad de los servicios públicos, como el abastecimiento de agua y sistemas de drenaje.
La mancha urbana se ha extendido a tal nivel que despoja de sus tierras y agua a los pueblos que rodean la CDMX, como la Sierra de las Cruces.
Los pueblos originarios viven bajo constantes violencias, en primer lugar, son desplazados, después despojados y por último explotados. Mientras se discute sobre la ilegalidad de la ocupación de inmuebles abandonados, se deja de lado la ilegalidad e irregularidad que caracterizan la venta y la construcción de inmuebles. Además, se crean dos bandos opuestos, la policía y los habitantes, ignorando que la incapacidad de resolver asuntos administrativos termina por victimizarlos a ambos.
Tener techo es un derecho y quieren convencernos de que es un privilegio. Señalemos las violencias simbólicas y así no tendremos que problematizar la violencia de la resistencia.