La sombra del agua

Hay 988 puntos de huachicoleo hídrico y 52 mil inconsistencias en títulos de concesión y aprovechamiento de aguas nacionales, reveló la semana pasada la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Los números son elocuentes, por un lado, con un sistema de distribución que durante años operó en las sombras de la ley, y por otro, con el contexto inmediato de las reformas aprobadas en diciembre, que buscaban iluminar aquellas zonas grises alrededor del agua.

Entró en vigor la Ley General de Aguas, y se reformó la Ley de Aguas Nacionales, orientada a fortalecer el control de la Conagua sobre las concesiones. Desde el gobierno se señaló, con razón, que las concesiones habían dejado de ser instrumentos de acceso al recurso para convertirse en activos financieros, cedidos entre particulares, operados para fines distintos a los autorizados, y el agua misma usada como mecanismo de especulación. Un caso ilustrativo era el de quienes contaban con concesiones agrícolas y en lugar de destinar el recurso a la siembra, se revendía el agua a municipios incapaces de garantizar el suministro por sus propios medios. La reforma busca corregirlo. Pero la pregunta que no responde es la más incómoda y nos habla de un segundo nivel de la ecuación: ¿por qué los municipios compraban agua a privados?

Douglas North argumentó que las instituciones no cambian a la velocidad de las reglas formales. Se pueden redactar leyes más rigurosas en cuestión de meses; construir los aparatos administrativos capaces de ejecutarlas toma años. La brecha entre lo que la norma ordena y lo que el Estado puede efectivamente hacer es donde prosperan los arreglos funcionales, que según James C. Scott, son prácticas que no son legales, pero que mantienen cierto equilibrio. No se trata de defenderlas, pero para su desmantelamiento efectivo hay que entenderlas, pues sin una estrategia que suplante su función, el problema se reacomoda.

Lo hemos visto antes. En 2018 y 2019, el gobierno federal combatió al huachicol de combustible. La respuesta inmediata fue cerrar los ductos comprometidos y distribuir mediante pipas. El resultado fue un desabasto agudo durante semanas, y luego vino la reconfiguración. El robo evolucionó hacia formas más sofisticadas, el contrabando y el huachicol fiscal, menos visible y más difícil de perseguir; y redistribuyó sus ganancias entre nuevos actores.

Esta semana, algunas colonias en la CDMX registraron desabasto mientras se trabaja en la modernización de la red hídrica. Es un costo temporal y, en principio, necesario: 60% del agua que consumimos en la Ciudad de México proviene de mantos acuíferos subterráneos, y entre 30 y 40% del agua suministrada se pierde por fugas en la red de distribución. Reparar es urgente si el acceso al agua va a ser algo más que un enunciado constitucional. Pero el desabasto momentáneo también es un recordatorio de que el sistema ilegal que existía, cumplía una función de distribución que hoy tiene que ser reemplazada, por ende, queda un paso más antes de cantar victoria.

Aquí es donde las pipas se vuelven termómetro, aunque miden algo más preciso que el éxito o fracaso de la reforma. No importa tanto si su demanda sube o baja —el desabasto genuino puede justificar que crezca, y un mercado concentrado puede hacer que parezca que baja—, sino quién obtiene los contratos de suministro emergente, bajo qué condiciones y con qué supervisión. Las pipas revelan, en tiempo real, si el Estado está dispuesto a regular con rigor a quienes suplen lo que éste no alcanza a garantizar.

Las reformas de diciembre son, en principio, un avance. El diagnóstico que las sustenta es correcto: el agua en México ha sido durante demasiado tiempo un recurso administrado en las sombras, invisible para la política pública y muy visible para quienes sabían extraer valor de esa opacidad. El problema no es la voluntad de ordenar el sistema, sino la ilusión –fundamentada en la simplificación de las etapas del proceso– de que ordenarlo es suficiente. Las redes informales que hoy se desarticulan cumplían funciones reales. La pregunta que sigue abierta es quién las va a suplir, con qué capacidad y bajo qué reglas.

De eso depende si esta reforma se convierte en un cambio estructural o en una reconfiguración de las sombras del agua.