El jueves 7 de mayo, Mario Delgado convocó una conferencia para anunciar que el ciclo escolar concluiría el próximo 5 de junio, casi seis semanas antes de lo previsto. Lo presentó como un acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, considerando la ola de calor y la realización del Mundial de Futbol en territorio mexicano.
Horas después, desde Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el calendario aún no estaba definido, que se trataba de una propuesta que requería consenso, y que lo fundamental era garantizar que los niños no perdieran clases. Delgado reapareció ese mismo día para reiterar que el ciclo sí terminaría el 5 de junio. La pregunta que esa secuencia deja sobre la mesa es por qué el secretario de Educación lidera la disputa sobre un recorte que se opone a la agenda de la secretaría que administra.
Pero, el viernes pasado, Delgado hizo otro anuncio, que hoy habrá reunión para hacer una propuesta definitiva para decidir cuándo termina el ciclo escolar.
Si un gobierno quiere ajustar el calendario escolar por razones que no tienen que ver con el aprendizaje, la presión tendría que encontrar resistencia en la Secretaría de Educación, porque defender el tiempo en el aula es precisamente para lo que existe esa institución. Que Delgado no haya ocupado ese lugar, sino el opuesto, habla no sólo de sus convicciones personales sino, principalmente, del lugar que ocupa la educación dentro de las prioridades de este gobierno. El acuerdo que presentó como unánime se deshizo casi de inmediato: la Sección 22 del SNTE rechazó los cambios y ratificó el 7 de julio como fecha de cierre de su propio calendario, mientras que la Sección 7 de la CNTE en Chiapas fue más directa y acusó que la decisión tiene un fondo político, porque el magisterio tenía planeada una huelga nacional precisamente durante el Mundial.
Si eso es cierto, el recorte del calendario escolar sirve a intereses que trascienden el futbol y, sobre todo, deja en claro la ausencia de un proyecto educativo que defender. Por ende, la institución queda disponible como instrumento para fines, incluso, contradictorios a los “suyos”.
A su vez, México lleva años acumulando un rezago educativo que se agravó durante la pandemia y que la Nueva Escuela Mexicana no ha logrado revertir, entre otras razones, porque el modelo opera sin herramientas para medir sus propios resultados. El gobierno eliminó el INEE en 2019 y luego a Mejoredu en 2025, dejando al país sin ninguna instancia de evaluación educativa nacional, y este año incluso la UNESCO lo denunció.
Los pocos datos disponibles provienen de ejercicios estatales, que no son siquiera públicos, y muestran que ocho de cada diez estudiantes de tercero de secundaria no desarrollaron los aprendizajes esperados. En ese contexto, recortar seis semanas de clases no es un ajuste administrativo menor, sino una decisión sobre qué tan urgente considera el Estado que sus estudiantes aprendan, tomada por quien no puede demostrar que lo que ya se enseña está funcionando.
Hay, además, una dimensión de la decisión que pasó casi inadvertida en el debate público. México Evalúa advirtió que el recorte afectará a 7.2 millones de hogares monoparentales, de los cuales ocho de cada diez están encabezados por mujeres. Adelantar las vacaciones seis semanas significa que alguien tiene que resolver el cuidado de 23.4 millones de estudiantes durante ese tiempo, y ese alguien, en la mayoría de los casos, es una madre que trabaja. El Estado transfirió una carga sin anunciarla como política, sin calcular su impacto en la organización de esas familias y sin proponer nada para amortiguarla. Que esa consecuencia no haya aparecido en la conferencia de Delgado ni en las declaraciones posteriores de la SEP es, también, una forma descuidada de tomar una decisión.
Quizá la pregunta más mordaz no es por qué Mario Delgado anunció el recorte, sino qué habría defendido si no lo hubiera anunciado. Los secretarios de Educación que tienen un proyecto sostienen posiciones incómodas frente a presiones externas a su institución, negocian, ceden en los márgenes y protegen el núcleo. En cambio, lo que el recorte del calendario revela es que en la SEP actual no hay un núcleo identificable que alguien esté dispuesto a proteger. El Mundial terminará en julio, mientras el rezago educativo seguirá ahí al regresar a clases, y probablemente nadie en la dependencia habrá calculado cuánto creció.