Cuando el debate sobre la transformación visual de la ciudad se instaló en redes sociales, buena parte de los señalamientos giraron en torno al color, a la estética, a si el ajolote era representativo de la ciudad. Clara Brugada respondió a eso y la acusación de clasismo que lanzó se sustentó tanto parcial como tramposamente. Lo que quedó sin respuesta fueron las preguntas que ese intercambio nunca tocó, entre ellas, a quién le pagaron, bajo qué mecanismo y por qué cuando las irregularidades se volvieron públicas, el gobierno señaló al contratista como único responsable.
La encargada de pintar de morado, para después recubrirlo, es la empresa Impacto en Imagen y Color, S. de R.L. de C.V. Según la documentación disponible, carece de una especialización técnica que explique cómo una misma razón social acumula contratos para pintar infraestructura vial, proveer vestuario policial, adquirir vehículos y fabricar medallas para juegos intersectoriales. Esa versatilidad requiere una explicación que los documentos de contratación no ofrecen.
Cuando Brugada gobernaba Iztapalapa, su administración firmó 54 contratos con esta empresa por aproximadamente 137 millones de pesos. Al llegar a la Jefatura de Gobierno, a finales de 2024, la escala cambió y en sólo tres contratos durante 2025 Impacto en Imagen y Color recibió 122 millones de pesos; el más cuantioso por 107 millones para vestuario y calzado operativo. La pintura representó apenas 15 millones del total acumulado, pero fue lo que todo el mundo pudo ver.
Lo que estaba fuera de la imagen urbana, en el reporte de fiscalización entregado al INE, es todavía más revelador. Durante la campaña de Brugada a la Jefatura, Impacto en Imagen y Color aportó un millón 941 mil pesos. Una empresa que después recibiría contratos por adjudicación directa primero invirtió en la candidatura. El ciclo es reconocible en la contratación pública mexicana, donde la ausencia de licitación elimina la prueba de eficiencia, y sin esa prueba el gasto se justifica después con el argumento disponible. Si hay peculado en este caso concreto, la evidencia necesaria para demostrarlo es exactamente la que el mecanismo impide producir.
Ese mecanismo opera en dos momentos distintos del mismo ciclo. La adjudicación directa elimina el expediente competitivo y los criterios de selección documentados, con lo que la cadena de responsabilidad se fragmenta desde el origen. Por eso la Secretaría de Obras pudo sostener que el contratista pintó lo que quiso sin que nadie se lo ordenara, una afirmación que el diseño del contrato hace técnicamente posible. La segunda pieza llegó en enero de 2026, cuando el Congreso de la Ciudad de México eliminó la autonomía del Info CDMX y lo adscribió a la Contraloría General, cuyo titular designa la propia jefa de Gobierno. Las denuncias que el PAN y Movimiento Ciudadano presentaron por este caso serán resueltas por una dependencia que responde a quien es denunciado.
Frente a la falta de mecanismos institucionales de denuncia efectiva, lo que queda es la presión social, que el recurso de la falsa moralidad erosiona sistemáticamente. Hay una tradición documentable de desprecio hacia la estética popular en el debate urbano mexicano, y no niego que parte de la crítica a la ajolotización operaba bajo esa misma línea. Sin embargo, son los señalamientos que Brugada eligió contestar y, mientras el intercambio se mantuvo en ese terreno, nadie tuvo que explicar los contratos ni por qué una empresa sin especialización técnica identificable acumuló adjudicaciones directas para rubros que no guardan relación entre sí.
Señalar el clasismo donde existe es fundamental. Usarlo para hacer impronunciable la pregunta administrativa es una operación inversa que termina por repercutir en la justicia social tras la que se escudan. La acusación funciona porque anula en tanto que convierte a quien duda en alguien que está atacando la estética popular; y que el órgano al que se puede denunciar responda ante quien se denuncia completa la figura. La moralización cancela el debate público y la captura institucional cancela el debate formal, de modo que la pregunta administrativa queda sin ningún terreno desde donde pueda postularse.